La ejecución de Delma Banks, un hombre negro de 44 años, prevista para la pasada madrugada en Tejas, se ha convertido en otra muestra de los errores del sistema judicial y punitivo de Estados Unidos. Banks, que ha pasado los últimos 23 en el corredor de la muerte, fue víctima de un juicio injusto y, al menos hasta ayer, no pudo superar las barreras burocráticas que impedían recurrir su ejecución. Sus dos últimas oportunidades de salvar la vida, poco probables según los abogados, eran anoche la intervención del Tribunal Supremo o el perdón del gobernador de Tejas, Rick Perry.

Banks fue sentenciado en 1980 por el asesinato de Richard Wayne Whitehead, un amigo blanco de 16 años al que robó un Mustang y asesinó de dos disparos. El coche nunca se encontró. Al llegar el juicio, Banks, que no tenía antecedentes penales, estuvo representado por Lynn Cooksey, un antiguo fiscal del condado de Bowie que reconoció no haberse preparado y que no recurrió la decisión de eliminar a todos los negros del jurado.

Esa técnica racista fue utilizada con frecuencia entre 1975 y 1980 por la fiscalía del condado de Bowie, que rechazó al 90% de los negros convocados para ser jurados, junto a cuyos nombres escribía las iniciales ´b´ o ´n´ (black, negro).

La fiscalía, que no tuvo testigos directos ni pruebas materiales contra Banks, utilizó el testimonio de dos personas con antecedentes que, años después, confesaron haber sido compradas. Uno era Robert Farr, un confidente policial al que pagaron 200 dólares, y otro Charles Cook, que reconoció haber modificado su testimonio.