Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea han reprendido a España reiteradamente por su bajo nivel de impuestos medioambientales. En el 2017, era el tercer país de la UE que menos recaudaba por este concepto en porcentaje del PIB. El 1,6% frente a la media del 2,4%, cuando todos los barómetros de opinión sitúan a España a la cabeza de los países con más sensibilidad ambiental. Incluso dos semanas atrás una encuesta del Instituto Elcano cifraba en cerca del 60% el número de españoles dispuestos a pagar este tipo de tasas. Los partidos españoles no se atreven a dar el paso. En el pacto de Gobierno Pedro Sánchez-Albert Rivera frustrado por Pablo Iglesias figuraba un impuesto al CO2 que posteriormente desapareció de los programas electorales. El intento de Sánchez de empezar a equiparar los impuestos del diésel con los de la gasolina levantó en contra una furibunda campaña que lo calificó de impuestazo pese a sus modestos objetivos. Quizá haya llegado el momento de implantar en España un impuesto al CO2 que no castigue a las clases más desfavorecidas. La lista de alternativas es larga.
