La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, aseguró ayer que la reforma educativa que prepara el Gobierno apuesta por reforzar la vigilancia de la convivencia en las aulas con trabajadores sociales.

El fin de la medida es detectar "más claramente" los comportamientos violentos o la llamada objeción escolar, conducta de algunos alumnos que rechazan la educación con actitudes negativas. "Con la intervención de estos asistentes se consiguen mejoras notables", aseguró.

San Segundo hizo este anuncio durante un desayuno de trabajo organizado por el Fórum Europa al ser preguntada por el caso de Jokin C. L., el joven guipuzcoano que se quitó la vida presuntamente a causa del sufrimiento y la humillación a la que había sido sometido por su propios compañeros de colegio.

La ministra, que subrayó la "impresión" que causan este tipo de casos, abogó también por aumentar la labor de los tutores y orientadores de los estudiantes de mayor edad para que dediquen tiempo a hablar tranquilamente con los alumnos y ver mejor su situación. "Intentaremos que se conviertan en termómetros que nos indiquen cuándo se están produciendo situaciones como la de Jokin", afirmó San Segundo.

NUEVA ASIGNATURA La titular de Educación apuntó como otro instrumento para mejorar la convivencia la nueva área de Educación para la Ciudadanía que prevé la nueva ley. San Segundo explicó que esta nueva asignatura, que se impartirá desde Primaria hasta el Bachillerato, deberá servir para que niños y jóvenes entiendan que valores como el de la paz tienen que empezar en la propia aula y entre quienes conviven ella.

La consellera de Educació, Marta Cid, coincidió con la ministra San Segundo y defendió que el problema de la violencia en las aulas debe combatirse desde una perspectiva transversal que implique a profesionales tan dispares como el profesor-tutor o el psicólogo.

Como ejemplo de trabajo en esta línea, Cid citó la reciente aprobación de un proyecto de educación y salud en la escuela, que prevé la apertura en los institutos de consultas médicas en las que los alumnos podrán asesorarse sobre conductas sexuales, adicciones y problemas de relaciones o comportamiento.

Los sindicatos de profesores aplaudieron la propuesta de las responsables educativas de que intervengan trabajadores sociales en las aulas, pero reclamaron una dotación presupuestaria para hacer realidad esta medida.