Las denuncias de bebés robados en España durante el franquismo y en la primera década de la democracia para ser vendidos --por cantidades que oscilaban entre las 50.000 pesetas (300 euros de hoy) en los años 50 y un millón (6.000 euros) en los 80-- ya son un aluvión. La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Ilegales (Anadir) presentó ayer ante el fiscal general del Estado una demanda colectiva por 261 casos, para que esclarezca qué pasó y permita a los denunciantes encontrar a los padres, hijos y hermanos que buscan. En la denuncia se incluyen partidas de nacimiento falsificadas, pruebas de ADN, declaraciones de compradores de niños y testimonios de enfermeras que participaron en las adopciones irregulares.

La agrupación considera que, entre otros delitos, se pudieron cometer los de suposición de parto, tráfico de niños, falsedad en documento público, coacción y engaño a las madres biológicas. "Pedimos que se abra una investigación penal que determine si hubo delito. Y si así fue, que se envíe la causa a los jueces. Después, la labor biológica de buscar a los familiares es ya un trabajo personal", explicó Enrique Vila, abogado de la asociación que ha capitaneado la denuncia conjunta. Las víctimas piden al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que como poder judicial se dirija al Gobierno y solicite la creación de un banco de ADN para los afectados. Y están dispuestas a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

REDES ORGANIZADAS Un portavoz de la Fiscalía General anunció que los casos serán estudiados uno por uno y remitidos a todas las fiscalías para que abran las diligencias oportunas. Pero no se prevé instruir una causa general. A pesar de que los robos de bebés comenzaron en la posguerra como una forma de depuración política (se quitaba los hijos a las mujeres republicanas para ±limpiar la raza de marxistasO), detrás de la mayoría de los casos se cree que había tramas de tráfico de niños en las que estaban implicados médicos, comadronas, enfermeras e intermediarios que actuaban en clínicas privadas y públicas de toda España.

Antonio Barroso, presidente de Anadir, calcula que entre 1950 y 1990 se produjeron en España 200.000 adopciones irregulares. Como la suya. Barroso descubrió que su madre no era su madre biológica cuando un amigo de la infancia, José Luis, le contó en Mataró (Maresme) que su padre, antes de morir, le confesó que los dos fueron "comprados" por 200.000 pesetas en un hospital de Zaragoza.

Los casos dramáticos se acumulan entre los denunciados ayer ante la Fiscalía General por los afectados, que portaban camisetas y pancartas con lemas como Si dudas de tu identidad, únete a nosotros. Según Vila, el sistema utilizado en toda España era engañar a una madre que acababa de dar a luz asegurándole que su bebé había muerto y entregar el recién nacido a los compradores, a los que incluso se aceptaba el "pago a plazos" y que procedían a inscribir a la criatura como hijo propio.

"No pararemos hasta saber la verdad, qué pasó y por qué se permitió", subrayaron víctimas como Paloma Moset, madre soltera, quien denunció que le robaron a su hija en un hospital de Madrid después de que las comadronas trataran de convencerla de que la diera en adopción. Tras el parto mediante cesárea le dijeron que había muerto, pero, como en muchos casos, nunca vio el cadáver. En el escrito de denuncia presentado ayer se incluye la declaración de un sepulturero que reconoce que muchos padres creyeron enterrar a sus bebés mientras que las tumbas solo guardaban sábanas. "Es atroz. Muchos pagaron a sabiendas de lo que se hacía, otros pagaron por bebés creyendo que sus progenitores los entregaban libremente. Queremos que nuestras vidas dejen de ser una mentira", subrayó el presidente de Anadir.