El fiscal general del Estado alejó ayer toda sospecha acerca de la posible relación de los informes semidestruidos sobre la Autovía del Mediterráneo, hallados en un contenedor el martes, con el accidente que costó la vida a seis obreros. Los documentos pertenecen a la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, que interpuso una denuncia policial para averiguar quién los arrojó a una papelera. Sólo unas horas después la Guardia Civil descubrió el enigma: unos traperos tiraron los papeles oficiales después de que unos funcionarios se los entregaran al ver que habían prescrito.
Cándido Conde-Pumpido aseguró que los informes corresponden al periodo de licitación de la obra e incluyen la calificación técnica sobre las empresas que se presentaron al proyecto para construir la autovía. El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, corroboró que "la primera impresión es que no son documentos que puedan producir ninguna intranquilidad" y que al pasar el tiempo necesario para conservarlos, estaban "preparados para ser destruidos".
López Garzón aseguró que el procedimiento empleado para deshacerse de los documentos de Carreteras es "absolutamente incorrecto e impropio de profesionales de la Administración pública". Y anunció que mañana remitirá un informe al Ministerio de Fomento "para que tome las medidas administrativas que estime oportunas".
Mientras tanto, la investigación sobre las causas del desplome del viaducto de la A-7 a su paso por Almuñécar sigue su curso. La Guardia Civil realizó ayer un examen ocular del lugar del suceso, tomando declaración a los testigos y trabajadores que se encontraban la tarde del lunes en la obra. También analiza los datos recopilados por sus técnicos el mismo día del accidente. Mientras, el sector de la construcción paró ayer en Andalucía en señal de protesta por la muerte de sus seis compañeros.
