Una madre verá el próximo 29 de noviembre a su hija de diez años después de más de tres años sin contacto, primero por voluntad del padre, luego en virtud de la sentencia de divorcio y finalmente por una condena penal que le impusieron por dar una bofetada a la niña.
El abogado de la madre, Manuel Pérez Peña, ha dicho hoy a Efe que el juzgado de lo penal de Cádiz que juzgó la bofetada emitió ayer una resolución en la que declara extinguida la orden de alejamiento, por lo que su cliente podrá ver a su hija en el próximo fin de semana previsto, que corresponde a los días 29 y 30 de noviembre.
La mujer fue condenada a nueve meses de prisión y un año y 9 meses de incomunicación con su hija por haberle propinado una bofetada y un empujón el 4 de septiembre de 2005 en el ascensor de su domicilio.
El juzgado que vio el caso intentó aplicar la condena de alejamiento a partir del 18 de abril de 2008, cuando el fallo fue confirmado por la Audiencia de Cádiz, pero esta sala ordenó en octubre que la pena fuese contabilizada a partir de la sentencia de divorcio, dictada en octubre de 2006, que ordenó la incomunicación de madre e hija mientras no se juzgase la agresión.
El juzgado de lo penal ha realizado el cómputo según esta valoración y ha dictaminado que la pena de alejamiento quedó extinguida el 4 de julio de 2008.
Manuel Pérez, el padre de la pequeña, que tiene su guarda y custodia, será ahora requerido para que la lleve al Punto de Encuentro familiar el próximo fin de semana alterno que corresponde a la madre ver a sus hijos.
Según el abogado, su clienta C.S.A. abofeteó a su hija, que entonces tenía 7 años, "en una situación de desbordamiento emocional y falta de control de impulsos".
Tal actitud, pese a no ser justificable, "está ocasionando un daño que se puede convertir en irreversible a la propia víctima", según dijo el letrado a la Audiencia.
Manuel Pérez denuncia que a consecuencia de la dilación de la Administración de Justicia, a día de hoy la madre lleva un total de 38 meses sin ver a su hija, desde que en septiembre de 2005 se produjo la agresión por la que fue condenada.
La mujer "viene sufriendo una pena preventiva que se ha prolongado por más tiempo del impuesto en el propio proceso penal", mediante lo que el letrado considera "permisividad y pasividad" de los jueces en beneficio del padre, que quedó con la custodia de los cinco hijos de la pareja.
