La fiscalía general del Estado ha ordenado a las fiscalías de los diferentes aeropuertos en los que los controladores abandonaron sus puestos que abran unas diligencias por un posible delito de sedición, que está recogido en el código de navegación aérea de 1964. Este delito está castigado con penas de hasta ocho años de cárcel para los organizadores de la sedición y rebaja el castigo para los que solo ejecutaron el plante.

La fiscalía de Madrid ha llamado ya a declarar a 12 controladores, y en los próximos días ha convocado a otros 14. Los técnicos aéreos tienen obligación de acudir a la cita de la fiscalía, y deben hacerlo acompañados por sus abogados defensores. Además, la fiscalía de Madrid está recogiendo pruebas contra los organizadores del motín. Por ello, ha pedido informes policiales para identificar a los responsables de la huelga salvaje de los controladores aéreos.

Pero el margen de maniobra de la fiscalía es limitado, ya que, por ejemplo, para decretar el ingreso en prisión de los controladores, fijar las fianzas o retirada de los pasaportes necesitan a un juez. Y también lo necesitan para intervenir las comunicaciones de los técnicos.