La justicia europea ha vuelto a dar la razón a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Si hace unos meses dictaminó que había que paralizar los procesos de desahucio en aquellos casos en los que podía haber habido cláusulas abusivas en las hipotecas, ahora ha decidido paralizar el desalojo del bloque de Salt (Gironès) en el que viven 16 familias desde hace medio año.
Pasadas las ocho de la mañana y ante los cientos de activistas de la PAH que han pasado la noche en el bloque para evitar el desalojo que debía llevarse a cabo a las 09.00 horas de este miércoles, el abogado de la plataforma, Benet Salellas, ha dado la buena noticia a los afectados, que se han estallado en llantos, abrazos y gritos de alegría.
Salellas ha explicado que a primera hora de hoy han recibido una comunicación del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, un órganismo judicial con sede en Estrasburgo y dependiente del Consejo de Europa, en la que se informaba que ha resuelto estimar la medida cautelar que había pedido la PAH hace 15 días para paralizar el desahucio. "La medida se ha tomado a la vista de las negativas de la justicia española a atender ni una sola de nuestras peticiones humanitarias respecto a la protección de los niños y de la vivienda de las familias que viven en el bloque", ha precisado el abogado.
Protección de las familias
Después de valorar toda la documentación que ha aportado la plataforma, incluida la petición de la Agència Catalana de l'Habitatge para que se paralice el desahucio con el fin de poder atender a estas familias, el tribunal ha resuelto suspender el desalojo hasta el 29 de octubre y da de plazo hasta el 24 de octubre al Gobierno español para que acredite qué medidas ha adoptado para proteger a las familias y a los niños que hay en el bloque, para realojarlos y, por tanto, "para dar cumplimiento al derecho a la vivienda y al derecho al domicilio que tienen reconocida España a través del convenio europeo para los Derechos Humanos", ha añadido Salellas.
El letrado de la PAH ha dicho que ahora "habrá que ver qué acredita y qué hace el Gobierno español, que es el interlocutor internacional con este tribunal y a partir de aquí este organismo judicial volverá a resolver, antes del 29 de octubre, si mantiene o no la suspensión del desalojo".
"No es la primera medida que concede Estrasburgo porque ante la politica de vivienda del Gobierno pero en materia de desalojo penal es la primera que se produce y jurídicamente nos abre la puerta a corregir la indecencia de los tribunales españoles", ha añadido. "Esperamos que esta decisión empiece a corregir la indecencia de jueces y fiscales y de autoridades españolas y catalanas, que desatienden de forma reiterada y sistemática las invocaciones al derecho a la vivienda que, como reconoce esta decisión, están protegidos de manera estricta por parte del convenio europeo de los Derechos Humanos".
La PAH, por su parte, se ha mostrado muy satisfecha con la resolución judicial europea. "Estamos contentísimos. La decisión hasta el 29 de octubre nos da mucho margen para reunirnos con la Sareb (el llamado 'banco malo' propietario del bloque). El Gobierno español ha de mover pieza en este caso. Seguiremos instando a la Generalitat a que desobedezca la orden de desalojo, hay una petición de 38 diputados en este sentido. Estamos convencidos que conseguiremos lo que queremos, que es establecer unos alquileres sociales de estas familias del bloque de Salt igual que del resto de las personas que viven en los otros 12 bloques de la obra social de la PAH", ha afirmado Pau Llonch, portavoz de la PAH de Sabadell.
