Víctimas de abusos sexuales valoran positivamente el anteproyecto. Tanto el activista Miguel Hurtado como Manuel Barbero, padre del primer denunciante del caso Maristas, creen que se ha dado un paso importante pero subrayan que no es definitivo. «Si no se aplica adecuadamente, si no se destinan recursos económicos, quedará como una simple declaración de intenciones», avisan.

«A muchas víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica nos deja un sentimiento agridulce», analiza Hurtado, víctima del monje Andreu Soler de la Abadía de Montserrat. «Se habla de las escuelas, del deporte y de la familia pero no se alude explícitamente a los entornos religiosos, algo que no se comprende después de los casos de pederastia que han aparecido durante los últimos años».

Fuentes del Gobierno reconocen que no se hace una mención explícita pero señalan que la ley será de aplicación en todos los ámbitos, también el eclesiástico. El ahora activista aplaude, no obstante, que la ley incluya formación para detectar los casos o los protocolos que obligan a denunciarlos.

Más complejo resulta el caso de la prescripción de los delitos. Barbero considera que el salto que se da es cualitativo porque ensancha la ventana de tiempo que tendrán las víctimas de maltrato sexual en la infancia para denunciar los hechos pero cree que distinguir entre la gravedad de los delitos investigados podría conducir a «confusiones». Hasta ahora, la caducidad se activaba a partir de la mayoría de edad de las víctimas y con la nueva ley lo hará a partir de los 30 años. El caso Maristas se saldó con un único juicio para los 17 docentes denunciados. Es decir, a causa de la prescripción vigente, 16 profesores sospechosos -algunos confesos- no han sido juzgados. G. S.