Los alumnos de primero de bachillerato con tres o cuatro asignaturas suspendidas no podrán avanzar materias de segundo, una posibilidad prevista para el próximo curso y reconocida por un decreto de noviembre del 2007 que establecía la estructura del bachillerato y fijaba sus enseñanzas mínimas.
El Tribunal Supremo anuló ayer esta disposición adoptada por el Ministerio de Educación, que pretendía estimular a los alumnos para que prosigan sus estudios y evitar el elevado abandono registrado en esta etapa no obligatoria, que en España ronda el 30%, el doble que la media europea.
El tribunal estima que el decreto anulado contradice lo establecido en la ley orgánica de educación (LOE), aprobada en el año 2006, que establece que el bachillerato tendrá dos cursos y se pasará de primero a segundo con dos suspensos como máximo. "Vulnera la ley orgánica de educación al crear una modalidad de estudio del bachillerato --asignaturas sueltas de primero y asignaturas sueltas de segundo curso-- que no está prefijada en la ley orgánica, que constituye el marco a respetar", argumenta la sentencia.
El fallo responde a un recurso de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), que agrupa a unos 2.000 centros concertados con 1,5 millones de estudiantes. Junto a los argumentos legales, subraya las complicaciones organizativas que supondría la medida.
FORMULA ALTERNATIVA Alega que, excepto en los centros grandes, se necesitaría duplicar espacios y grupos, así como ampliar el profesorado para que los alumnos afectados pudieran tener horarios compatibles.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, anunció ayer que estudiará en profundidad la sentencia para ver si permite alguna fórmula alternativa para salvar el principio de flexibilidad y de estímulo a los estudiantes, similar al que tienen los universitarios y la Formación Profesional (FP). Cabrera aseguró que de momento no hay alumnos perjudicados porque el nuevo bachillerato ha entrado en vigor este curso y, por tanto, todavía no hay estudiantes en una situación que les afecte el fallo de forma directa.
La confederación laica de padres Ceapa calificó la interpretación del Supremo de "muy subjetiva" ya que, a su juicio, el decreto "no busca" cambiar la ley, sino abrir una posibilidad adicional "que no cierra otros caminos". Por su parte, el Partido Popular aseguró que el Supremo ha evitado con esta sentencia "un despropósito educativo" y "un fraude de ley", y ha considerado que el ministerio de Educación es "incapaz" de detener el fracaso educativo.
