El Parlamento Europeo está investigando si España garantiza los derechos de los menores que denuncian haber sufrido abusos sexuales o malos tratos en el ámbito familiar, así como la posible vulneración del marco normativo de la UE. La demanda fue presentada por varios colectivos y tramitada hace tres años por la eurodiputada gallega Lidia Senra, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea. La comisión de peticiones de la Eurocámara informó en octubre del 2016 de que se había observado «una posible aplicación indebida del interés superior del niño como una consideración primordial». Desde entonces, el asunto está encallado. Las denunciantes sostienen que el Gobierno no ha presentado sus alegaciones. Senra pide a las autoridades europeas información.
La comisión de peticiones del PE apunta la posible aplicación indebida de tres cuestiones primordiales para preservar el interés del menor que denuncia haber padecido abusos sexuales o malos tratos. En primer lugar, destaca el uso generalizado del llamado síndrome de alienación parental (manipulación del niño por parte de la madre en contra del padre). Este presunto trastorno no está avalado por la comunidad científica ni sanitaria. Y por ese argumento se anula el principal testimonio: el del niño víctima del trato vejatorio.
El Consejo General del Poder Judicial ha instado a los jueces a que no lo usen porque se culpa a las mujeres de los «miedos o angustias razonables de los niños hacia su padre violento». No obstante, existen magistrados que lo incluyen en sus resoluciones. Y hay mujeres a las que se ha retirado la custodia del menor por ese mal llamado síndrome tras haber denunciado al padre.
La segunda razón sobre el presunto incumplimiento de las normas de la UE es la «supuesta» falta de credibilidad que se le otorga a la declaración de la víctima menor. La mayoría de las denuncias penales son archivadas por falta de pruebas. Como suele ocurrir en estos casos, es la versión del niño, que normalmente explica lo sucedido a la madre o a algún pariente, contra la del padre sospechoso. En muchos de los procesos judiciales de estas características no se cuenta con otros indicios que corroboren la acusación contra el agresor, menos cuando hay secuelas físicas. Los informes de los servicios sociales o los médicos han sido cuestionados en algunas sentencias por falta de rigor o por utilizar términos -como el síndrome de alineación parental o la preocupación mórbida de la madre- no científicos.
falta de asistencia / El tercer punto es la «supuesta falta de asistencia psicológica a los menores víctimas sin consentimiento de los padres». Según los colectivos demandantes, las condiciones en las que actualmente se recoge el testimonio de la víctima «se aleja de los preceptos asentados en las directivas europeas».
En su escrito enumeran algunos incumplimientos: los plazos de espera se prolongan meses y en ese tiempo los menores no suelen recibir protección, con lo que implica el paso del tiempo en la capacidad de recordar detalles del suceso; las entrevistas las hacen profesionales sin especialización y se observa una «repetición de intervenciones por problemas de coordinación interinstitucional» y falta de concreción de las mismas, lo que origina «la fatiga y el sufrimiento añadido» en los menores. La Eurocámara sostiene que «podría existir falta de diligencia en la instrucción de casos de abusos sexuales.
