Ha sido una de las normativas más batalladas, contestadas y polémicas de los últimos años, pero la nueva directiva sobre derechos de autor, que adaptará las reglas del copyright a la nueva era de internet y garantizará una remuneración más justa a creadores y artistas por parte de plataformas como Google, Youtube o Facebook, superó ayer el último escollo tras un último y largo debate en el pleno del Parlamento Europeo. La directiva obtuvo 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones, lo que evidenció la profunda división que genera este asunto en Europa.
El texto aprobado es el mismo al que ya dio luz verde el Consejo el pasado 20 de febrero con el voto en contra de Holanda, Finlandia, Italia, Polonia y Luxemburgo, que consideran la reforma como un paso atrás para el mercado único digital.
Para los críticos como Ernest Urtasun (Catalunya en Comú) o Florent Marcellesi (Equo), el de ayer fue «un mal día para la libertad en internet» porque se trata de «un acuerdo nefasto para artistas, autores, pequeños editores y usuarios» que «conducirá a un bloqueo más frecuente de contenido perfectamente legal». Para los partidarios de la reforma, en cambio, se trató de «un gran día» que lanza una señal fuerte de protección a creadores, prensa y educadores, tal y como resumió la comisaria Mariya Gabriel. La reforma, que ha necesitado de dos años y medio de intensas negociaciones, enfrentó a ambos bandos hasta el último minuto.
Entre los elementos que mayor discordia generan está el conocido artículo 13 (reconvertido en 17), que obligará a los gigantes de internet que difunden contenidos de usuarios con fines comerciales a identificarlos y filtrarlos de forma automática para garantizar una protección adecuada, en vez de a posteriori como ocurre actualmente, y que no se pueda acceder a contenidos pirata. Para ello, las plataformas tendrán que obtener una autorización de los titulares de los derechos y, en caso de recibirla, garantizar que las obras protegidas (fotos, textos o música) sean remuneradas si se reproducen. Si los creadores no quieren autorizarlo, bloquearán los contenidos.
Según activistas digitales y eurodiputados como la alemana Julia Reda, del Partido Pirata, esta obligación de filtrado exigirá la instalación de un «filtro de carga» que limitará la libertad de expresión. «Tenemos sobre la mesa algo que supone censura y que será el fin de internet tal y como lo conocemos», reprochó el checo Jiri Mastalka. «No habrá censura ni se va a limitar la libertad de expresión de ninguna manera. Lo que hacemos es crear una garantía jurídica para que se traten adecuadamente los derechos de autor», respondió el ponente del informe, Axel Voss.
MODERNIZACIÓN / La nueva directiva, que nace con el objetivo de modernizar unas normas que se han quedado obsoletas y datan del 2001, permite subir a internet obras protegidas con un objetivo de crítica, revisión, caricatura, parodia o cita, lo que garantiza que los memes y gifs seguirán siendo excepción.
La asociación de consumidores europeos (BEUC, en sus siglas en inglés) admite que los filtros podrían terminar bloqueando determinados contenidos y generando un efecto negativo en la libertad de expresión. «Apoyamos plenamente el objetivo de garantizar una remuneración justa para los creadores, pero esto no debería suceder en detrimento de los consumidores. Existe un riesgo muy alto de que la nueva ley haga más daño que bien», consideró su directora general, Monique Goyens.
En caso de problemas, los usuarios, aseguran los defensores de la propuesta, podrán pedir que se vuelvan a cargar o impugnar el contenido eliminado. El acuerdo también especifica que subir trabajos a enciclopedias en línea de forma no comercial (como Wikipedia) o plataformas de software de código abierto (como GitHub) quedará excluido automáticamente de la normativa. Además, las startups estarán sujetas a obligaciones más ligeras.
El segundo gran frente de batalla durante los últimos meses ha sido el artículo 11 (15 en el nuevo texto), conocido como Linktax o «impuesto al enlace», que garantizará que los portales, redes sociales o agregadores de noticias paguen a los editores de prensa y periodistas por los contenidos que difunden. Una «canon perverso», según la activista de Xneet Simona Levi, equivalente al vigente en España, que hizo que Google News cerrara su portal de noticias en español. La normativa permitirá que puedan seguir compartiéndose con libertad «fragmentos» de noticias siempre que sean «muy breves», pero incluye disposiciones para que los agregadores de noticias abusen de esta prerrogativa.
