Los archivos informáticos que permitirían a UGT Andalucía defenderse de las acusaciones de cobros indebidos han sido eliminados de sus ordenadores, según ha denunciado este martes la dirección de la organización, que señala a varios trabajadores que ya han sido expedientados como responsables. El anuncio coincide con la finalización de 2 de los 17 expedientes que tiene abiertos la Junta y que concluyen que el sindicato no ha podido justificar suficientemente 1,8 millones de euros, por lo que ahora serán los servicios jurídicos y, posteriormente el Consejo Consultivo, quienes determinen si UGT debe devolver esa cantidad.
Desde el sindicato son conscientes de que la desaparición de esos documentos, que dificultará la investigación sobre el supuesto desvío de fondos públicos para gastos internos, recuerda al borrado de discos duros del 'caso Bárcenas' e incluso puede ser interpretada como una excusa ante la ciudadanía. "Pero es la verdad", ha subrayado el secretario de organización de UGT Andalucía Manuel Ferrer, quien ha dado por supuesto que existe copia en papel de dicha documentacion.
Los 1.756 archivos se encontraban en un ordenador ubicado en las dependencias del sindicato en el área de administración, y fueron borrados entre enero y junio de este año con un programa que no deja huella. Asimismo, según Ferrer, e hicieron copias de otros 22.400 documentos. En los últimos meses, el sindicato ha denunciado ante la opinión pública en varias ocasiones que todas las informaciones sobre irregularidades contables que estaban apareciendo en prensa eran filtraciones por parte de trabajadores que habían sido despedidos en el ERE que llevó a cabo UGT Andalucía en el 2012.
Expediente abierto
Ferrer ha señalado directamente a tres trabajadores como responsables de lo sucedido, y ha explicado que mantiene abierto un expediente contra uno de ellos, desde cuyo ordenador se borraron los archivos, mientras que debido a la falta de pruebas los otros dos han sido amonestados.
El nuevo responsable de UGT Andalucía ha insistido en que no ha habido facturas falsas, sino "errores puntuales" que se han ido solucionando, y ha recordado que además de los 25.000 euros devueltos ya a la Junta, el sindicato hizo una provisión de fondos de casi 120.000 euros para compensar esos posibles fallos. En este sentido, se refirió a la supuesta compra de maletines falsificados como regalos en un congreso, y aseguró que aunque aún no lo han averiguado, si el gasto está mal imputado devolverían los 700.000 euros que supuso esa partida.
Por su parte, el Gobierno andaluz ha confirmado que el informe de oficio abierto sobre dos de las ayudas entregadas al sindicato plantea la nulidad de las mismas ante la falta de documentación suficiente que acredite el destino correcto de las mismas, por lo que el funcionario instructor recomienda reclamar al sindicato la devolución de 1,8 millones de euros. Se trata de dos programas de subvenciones relativos a labores de información y asesoramiento de actividad sindical y negociación colectiva correspondientes a los años 2009 y 2010.
7,5 millones de euros
El portavoz del Gobierno andaluz Miguel Ángel Vázquez ha explicado que tras remitir el informe a UGT y escuchar sus alegaciones, deberán ser los servicios jurídicos de la Junta y, más tarde, el Consejo Consultivo quienes confirmen que se trata de un abono indebido y recomienden que se exija el reintegro de esa cantidad.
La Junta mantiene abiertos otros 15 expedientes sobre facturas sospechosas de irregularidades por un montante de 7,5 millones de euros, aunque habrá que determinar si las irregularidades se refieren a los programas al completo o solo a parte. Según Vázquez, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, comparecerá a petición propia ante el Parlamento de Andalucía la próxima semana para informar sobre las conclusiones del informe y el resultado de esta investigación.
