El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, alertó ayer de la posibilidad de que se produzca un «colapso importante» en la tramitación del ingreso mínimo vital (IMV), que puede solicitarse desde ayer, tal como ha ocurrido con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

En una conferencia de prensa, Álvarez avisó de que puede producirse un nuevo «cuello de botella» en las gestiones del IMV, similar al colapso que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha sufrido con los ERTE debido a la falta de «medios» para tramitar el alud de peticiones que se prevén.

«El SEPE está saturado. Los trabajadores del SEPE no llegan a más (...) y si alguien en el Gobierno se ha pensado que este colectivo de personas que lleva mucho tiempo en desempleo y tiene dificultades para acceder a medios telemáticos lo va a hacer a través de internet se ha equivocado», enfatizó.

Y es que el IMV se puede pedir desde ayer a través de la sede electrónica de la Seguridad Social y, cuando sea posible, en los centros de atención e información de la Seguridad Social.

De acuerdo con Álvarez, es necesario que se «debata» la ley y que se modifiquen algunos elementos durante su tramitación parlamentaria: «Me preocupa extraordinariamente cómo y de qué manera el Estado va a poder hacer frente a la demanda por cientos de miles de personas en los próximos días».

Destacó así la importancia de «arbitrar de manera eficaz y rápida desde el día en que se aprobó el decreto para que todos puedan acceder a la pensión» y no se deje a ninguna familia que lo necesite sin esta prestación.

Con todo, Álvarez valoró de forma «positiva» la aprobación de esta prestación porque, subrayó, «ayuda a poder dar cobertura a las personas que no están en los ERTE ni en ningún tipo de programa de protección» que tengan «ingresos mínimos».

buscar la eficacia/ De su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó ayer que van a hablar con todas las comunidades autónomas para poder ir hacia «un modelo único y simplificado de ventanilla única de entrada» para gestionar el ingreso mínimo vital.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Escrivá subrayó que los resultados en términos de gestión de las diferentes rentas mínimas de las autonomías «no impresionan mucho», por lo que el criterio tiene que ser el de «eficacia, eficiencia y rapidez en la prestación». «Todo lo que hagamos tiene que ir orientado en ese sentido», indicó.

El ministro insistió en que las previsiones del Gobierno son que el IMV reducirá aproximadamente el 80% de la pobreza extrema que hay en España.

En este sentido, hasta la fecha se ha reconocido «de oficio» esta prestación a 75.000 hogares en todo el país, una cifra, no obstante, que podría multiplicarse por 10 en el tiempo, según afirmó el ministro.

Asimismo, defendió ensayar «un modelo moderno de cogobernanza federal» en el que el Gobierno ofrece una prestación y cada una de las administraciones pueda desarrollar los mecanismos para ofrecerlo.

El titular de Inclusión defendió que el País Vasco y Navarra gestionen directamente el IMV desde sus respectivas autonomías por una cuestión de «eficacia» ya que su situación es distinta por las particularidades de su régimen foral.

Por otro lado, respecto al Pacto de Toledo, Escrivá avanzó que esta próxima semana habrá una reunión de los portavoces y que el acuerdo en materia de pensiones debe ir hacia asegurar que estas «no pierdan valor» y estén siempre actualizadas en relación a los precios.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señaló, a través de un comunicado, que las solicitudes del IMV presentadas durante los primeros tres meses se reconocerán con efecto retroactivo desde el 1 de junio y se reconocerá de oficio la prestación, como ya se ha referido, a casi 75.000 familias que reciben ayuda por tener un menor a cargo.

Los potenciales beneficiarios pueden informarse a través de la página web de la Seguridad Social o el asesor virtual, así como acceder a una herramienta de simulación para comprobar si cumplen los requisitos. Entre estos figura la vulnerabilidad económica, que el titular tenga entre 23 y 65 años -salvo cuando haya menores a cargo-, tener más de un año de residencia legal y efectiva en España o que el patrimonio, una vez descontada la vivienda habitual, sea inferior a tres veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal.

El ingreso mínimo vital establece un nivel de renta garantizable de entre 461 y 1.100 euros mensuales en función del tipo de familia, que se alcanza al completar con una ayuda otros posibles ingresos.