Algo debería haber cambiado hoy, primer día de aplicación de la ley antitabaco, en el ambiente de un territorio tan nutrido de bares y restaurantes de todos los tamaños como es España --360.000 establecimientos en total, la mayor concentración del mundo--, en los cuales, de forma mayoritaria, se permitió hasta ayer combinar el pitillo con el café. La ausencia de humo de tabaco debería ser notoria desde hoy en los bares pequeños, de los que invariablemente se salía con perfume de fumador aunque apenas se permaneciera cinco minutos.

La ausencia de colillas en las puertas de los hospitales, en los alrededores de los centros escolares, en bingos y discotecas, en los aeropuertos y, resumiendo, en todos los espacios públicos que no estén al aire libre, también debería transmitir la sensación de que algo ha cambiado.

La anterior ley, del 2005, implicó un cambio sustancial en los lugares de trabajo, y, contra el augurio de que el cumplimiento sería conflictivo y las crisis nerviosas abundantes, nada de eso ha sucedido.

Las sanciones al fumador infractor oscilarán entre 30 y 600 euros, dependiendo de la reiteración. La multa al propietario del establecimiento que permita fumar será de entre 600 y 10.000, según la cantidad de avisos desoídos. La máxima es de 600.000 euros, que deberá abonar quien haga promoción o patrocinio del tabaco. "Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por incumplirla --dice la ley--, la sanción será aumentada hasta el doble del importe del beneficio del infractor". El Gobierno confía en que el veto se asuma sin traumas.

Al igual que en el resto de España, en Extremadura el descontento es generalizado, en el caso de los fumadores, y de satisfacción, en el de los detractores del tabaco. Estas son algunas de las valoraciones que ayer hacían los fumadores extremeños horas antes de entrar en vigor la ley. "No concibo tomar un café o un cubata sin un cigarrito... lo que ha hecho el Gobierno afecta a mi calidad de vida y estoy indignado". Así se expresaba en Mérida Manuel Cordero, hostelero sevillano, afectado por partida doble. "Es una imposición injusta, en la hostelería y la restauración hemos hecho inversiones millonarias para acondicionar nuestros locales, para luego llegar a esto", se lamenta, junto a su pareja, María José, y su hija Laura. En la misma línea, ve "indignante" que mientras se prohíbe fumar en los bares "se permitan las tragaperras, que son más perniciosas que el tabaco".

Raquel Agulló asegura que en lugares más cálidos, como en Alicante, donde vive, habrá menos problemas porque se pueden aprovechar más las terrazas todo el año. Sin embargo, admite que en la región los bares pueden sufrir pérdidas al principio.

Marta Fuentes lamenta que no respete "sus derechos de fumadora". Y su amiga Carmen Aroca estima que debería haber "bares de fumadores y de no fumadores". "Lo que ha hecho el Gobierno es una imposición injusta a todas luces", sentencia.