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LLEGO EN MAL MOMENTO

Una ley viable cuando el Estado tenía superávit

 

A. M. Y.
10/12/2011

Considerada el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto a la educación, la sanidad y las pensiones, la denominada oficialmente ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Lapad) ha entrado en fase crítica a los apenas cinco años de su nacimiento. "La falta de financiación y la crisis económica la están ahogando", coinciden en su diagnóstico Margarita León, profesora del Universidad de Autónoma de Barcelona, y Angeles Durán, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en recientes informes sobre los aspectos económicos y sociales. El origen de la situación, según León, tiene sus raíces en la "inestabilidad permanente" del modelo de financiación previsto para garantizar el derecho universal de acceso a atención a las personas dependientes, al margen del nivel de renta de los individuos. El aumento del gasto público, desde el 0,24% al 1,2% del PIB, debería compensarse, según estimó el Gobierno al aprobarla, por las vías del superávit del Estado y el copago de los usuarios para financiar el coste de las prestaciones. Pero el superávit estatal desapareció en el 2007, las autonomías elevaron su endeudamiento y los particulares, con bajas pensiones, han hecho casi testimonial el copago. Además, según León, otro de los grandes problemas ha sido su diferente implantación territorial. Así, Andalucía cuenta con el 30% de los dependientes de toda España, mientras que en Madrid el porcentaje se reduce al 5,4%.