Miguel Luque ya no podrá devolver el pequeño préstamo de sus compañeros de la asociación Boa Vida para ir a ver su hija a Madrid. De vez en cuando necesitaba coger un saco de dormir y desconectar de media vida en jaque contra la exclusión. Tenía solo 67 años. «Es el resultado final de la pobreza, una muerte prematura», asegura a la salida del cementerio Pepa Vázquez, amiga y cofundadora con Miguel de esa oenegé de Pontevedra que lleva casi una década ofreciendo ese particular sistema de microcréditos para que «personas normales y corrientes, anónimas» tengan voz y esperanza. En enero entraron 30 usuarios nuevos en el grupo.

Cuando Boa Vida nació en el 2012, entre la primera y la doble recesión, el paro en Galicia saltó la barrera del 20%. La lenta reactivación laboral -a estas alturas la comunidad padece un nivel de desempleo cuatro puntos por encima de la anterior fase de expansión (11,7%) y tiene 100.000 ocupados menos- agrava el problema de la descualificación profesional entre los que llevan más tiempo alejados del mercado y es un claro factor de deterioro de la autoestima personal.

Ni siquiera en los momentos más duros del parón económico, Galicia ha estado entre los territorios más azotados por la creciente desigualdad. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social alcanzó el 18,95% en el 2018, según el Instituto Galego de Estatística (IGE). Aún así, hay más de 330.000 gallegos con carencias materiales. Casi un tercio de las familias son incapaces de afrontar gastos imprevistos, dos de cada 10 no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada en casa y 41.000 acumulan atrasos en los recibos mensuales. «El desempleo y la precariedad con itinerarios cíclicos que alternan periodos cortos de empleo con otros de desempleo generan trabajadores pobres y excluidos y limitan las posibilidades de integración de muchos colectivos», advierten los expertos en el último informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social, que alerta de que uno de cada 10 ocupados en la comunidad se encuentra en una situación de exclusión social y el 3,6% en pobreza severa.

Nuevos perfiles

Al aumento disparado de los participantes en planes autonómicos de inclusión por la escasez de recursos y el paro de larga duración (39% de los beneficiarios desde 2009) se suma la aparición de nuevos perfiles y factores de vulnerabilidad. «Es importante destacar el incremento de las incorporaciones que presentan la exclusión territorial como problemática principal», señala la Xunta. Son residentes en zonas rurales y dispersas donde «las dificultades de acceso a recursos y la falta de oportunidades vitales no permiten mantener unas condiciones de vida equiparables a las de quienes habitan en el resto del territorio». Es un drama que se muerde la cola porque esa exclusión territorial, según sostienen los técnicos de Política Social de la Xunta, «se agrava como consecuencia de la crisis demográfica».

Muchos matices

Por eso la tasa global de pobreza de Galicia esconde muchísimos matices cuando se amplía el foco. En las comarcas de O Carballiño y O Ribeiro, en el sur de la provincia de Ourense, el riesgo de exclusión afecta a casi el 30% de los habitantes. Un nivel muy parecido (28,4%) al de sus vecinos de A Limia, Celanova, Verín y Viana, todos en la frontera con el norte de Portugal; al igual que en las áreas de Paradanta, Baixo Miño y O Condado (25,7%).

En muchas de estas pequeñas localidades, epicentros del duro envite del invierno demográfico en Galicia, el índice de pobreza aumenta incluso en la actual etapa de crecimiento de la actividad. «Es imposible llevar a cabo una verdadera política contra el declive demográfico sin la dinamización económica de estas zonas», sostiene Xosé Cuns, director de la Rede Galega contra la Pobreza, que condiciona la doble batalla contra la desertización demográfica y la exclusión a «establecer las condiciones de vida adecuadas y las oportunidades para el bienestar social».