El Gobierno valenciano no se resigna a que el trasvase del Ebro se quede en proyecto. Por eso, el presidente Francisco Camps, encargó ayer a sus consejeros de Agricultura, Territorio, Industria e Infraestructuras que busquen "líneas de defensa jurídica" que dificulten la paralización que pretende llevar a cabo el Ejecutivo del PSOE.

Los técnicos de los departamentos afectados analizarán a fondo la legislación y plantear los puntos en que la decisión puede ser cuestionada ante cualquier instancia jurídica. "Se han abierto muchas expectativas y necesitamos seguir creando prosperidad", fue la justificación de Camps para esta nueva estrategia. Aunque admitió que ya se "ha pergeñado alguna idea", no quiso concretar las medidas que adoptará, ni ante qué instancias.

Camps efectuó el anuncio cuatro días antes de reunirse con la ministra de Medio Ambiente a la que explicará que "no existe ningún argumento ni de mal uso del agua, ni de rentabilidad, ni de empleo, ni de generación de ingresos al Estado para negar el agua". También defendió la rentabilidad de la agricultura valenciana a la que se dedicaría "el 80% del agua del trasvase".