La Fiscalía de Barcelona pide dos años y medio de cárcel para un vecino de Barcelona por difundir en un foro de internet datos personales y fotografías de la víctima de la manada de Pamplona con el fin de «burlarse» de ella y crearle «inquietud moral», según el escrito al que ha tenido acceso este diario. En él, el fiscal Fernando Meneses atribuye a Éric C. T. G, de 40 años y residente en el barrio barcelonés de Horta-Guinardó, un delito contra la integridad moral en concurso con otro de revelación de secretos. La acusación pública no solo reclama para el imputado los 30 meses de cárcel, sino también que se le condene a pagar una multa de 3.600 euros y una indemnización de 5.000 euros a la víctima por los perjuicios ocasionados.

La fiscalía sostiene que el acusado publicó las imágenes y los datos de la víctima de la violación en grupo ocurrida en los Sanfermines del 2016 en una página web. En tres posts de internet, añade el ministerio público, Éric C. T. G. colgó reseñas de la joven agredida y fotos que habían sido ya publicadas por terceras personas en otros foros de la red, procedentes de distintas redes sociales, de la propia víctima o de sus amistades.

Entre los datos difundidos por el imputado, subraya la fiscalía, figuraba una copia del DNI, el nombre y apellidos de la mujer, su formación académica y zona de residencia, así como varias fotografías, algunas de ella y otras de uno de los momentos de la violación que sufrió en el interior de un edificio de la capital navarra.

Según el escrito de acusación, las imágenes difundidas sobre la violación de los Sanfermines han sido obtenidas «por una persona desconocida» de la grabación que los miembros de La manada hicieron con sus teléfonos móviles mientras la agredían sexualmente y, por lo tanto, «sin conocimiento ni autorización» de la víctima.

«COPIÉ Y PEGUÉ» / Èric C. T. G. identificado por la Policía Nacional, alegó ante el juez instructor que se limitó a tomar pantallazos de datos que imágenes de la víctima que circulaban por internet y que los utilizó en mayo del 2017 para replicar, en un chat de dimensiones menores, a un internauta. El imputado, de profesión mecánico y que entonces vivía con sus padres, explicó en su día a este diario: «En las imágenes se puede ver, incluso, la página de internet de la que hice la captura. Yo no fui el primero, solo copié y pegué». El acusado admitió que no disponía de wifi en su casa, por lo que utilizó el de una vecina.

La difusión de datos e imágenes de la violación de los Sanfermines derivó de un fallo de seguridad en la divulgación de la sentencia a la prensa en abril del 2018, dado que, aunque tenía los datos de la víctima borrados, incluía en los márgenes un código que permitía acceder al original en la página web del Gobierno Foral.

Aunque dicho código fue posteriormente desactivado, los datos de la joven madrileña acabaron circulando por las redes sociales. La información llegó a ser publicada en la versión en castellano de una web neonazi y supremacista de Estados Unidos. Las pesquisas permitieron descubrir que el ataque a la muchacha se había iniciado desde dos ordenadores y dos direcciones de IP. Una de esas conexiones estaba vinculada a una red de un servidor extranjero, con lo que no se pudo investigar, y la otra era la del vecino de Horta.