Poco ha durado el consenso del que la ministra de Educación, Isabel Celaá, presumió este miércoles tras la conferencia sectorial celebrada entre el Gobierno y las comunidades autónomas. En ella se iba determinar cómo debía acabar el curso escolar: se comunicó que finalmente la gran mayoría de los estudiantes españoles tienen garantizado el paso al siguiente curso, salvo casos de alumnos con notas realmente desastrosas y sin intención de enmendarlas, y que la evaluación de este curso 2019-2020 será continua y la titulación "debe de ser la práctica habitual" para los alumnos que finalicen 4 de ESO o 2 de Bachillerato y FP.
Pero apenas horas después de la comparecencia de la ministra explicando el acuerdo, las comunidades de Madrid, Andalucía, Murcia y el País Vasco han avanzado que no van a firmarlo. Murcia, Andalucía y Madrid han reclamado una legislación concreta y precisa con los criterios de evaluación, promoción, repetición y titulación de los alumnos para apoyar el plan sobre el fin de curso del ministerio de Educación, que consideran que generan "agravios" y "desigualdades", una opinión que suscribe gran parte de la comunidad educativa y los sindicatos.
Condiciones de promoción o titulación
La Junta de Andalucía ha manifestado que "en tanto no se establezcan en el acuerdo de manera expresa" las condiciones de promoción o titulación de los alumnos, no puede apoyar al Gobierno. Y recuerda que hay una normativa fijada, que en la ESO establece la opción de promocionar con dos asignaturas suspensas y con tres excepcionalmente, mientras que para titular en bachillerato hay que aprobar.
En el mismo sentido, se han pronunciado los responsables educativos de Madrid, que han rechazado que se deje "en manos" de las comunidades los criterios para la obtención de un título, cuando "tienen que ser uniformes". Según la consejería de Educación de Madrid, el Ministerio "quiso lavarse las manos" en una competencia nacional y no quiso fijar "cero, una o tres" asignaturas suspensas, pese a que los títulos expedidos tienen validez en todo el territorio nacional y ha asegurado que en Madrid "será cero".
Murcia habla de "injusticia"
Por su parte, Murcia cree que sería una injusticia que cada comunidad tomase diferentes decisiones en ese ámbito que pudieran generar desigualdades entre los alumnos. No obstante, si el ministerio no dicta esas instrucciones, ha asegurado que la consejería no dejará desamparados a los docentes y, de hecho, está ya perfilando instrucciones que entregará a los centros educativos para llevar a cabo las evaluaciones y promociones.
Una decisión que también ha tomado el Gobierno Vasco, que va a definir cómo serán las evaluaciones de los alumnos y qué criterios se seguirán.
El País Vasco ultima un plan propio
La consejera de Educación del País Vasco, Cristina Uriarte, ha anunciado que el departamento que dirige está ultimando un plan propio para el final del curso escolar que en breve se remitirá a la comunidad educativa. "Llevamos tiempo ya trabajando y definiendo cuáles serían los contenidos esenciales de los currículos de aquí a final de curso. Estamos también trabajando en las evaluaciones y cuáles serían los criterios y herramientas para realizar esta evaluación", ha explicado.
Uriarte ha reiterado el trabajo que, en base a las competencias establecidas, está realizando el Gobierno vasco en materia educativa. "El ministerio nos ha trasladado un documento con criterios y orientaciones a las comunidades autónomas y es positivo, pero en Euskadi tenemos nuestras competencias, nos debemos a nuestra comunidad educativa y ese es nuestro marco de trabajo", ha precisado.
Educación admite las discrepancias
Fuentes de Educación han confirmado que son conscientes de que varias comunidades han expresado discrepancias sobre la aplicación del texto, así como el País Vasco "por una cuestión de competencias", mientras que el resto de comunidades se han adherido a este acuerdo que, según la normativa de la Conferencia Sectorial, tiene carácter vinculante.
Educación recuerda que las comunidades que no se han adherido ahora pueden hacerlo más adelante si así lo consideran e insiste en que la Ley educativa LOMCE, que es la que está en vigor, es una norma que rige en todo el Estado.
Los docentes también han demandado una norma común de "obligado cumplimiento" a través de su sindicato ANPE. Su presidente, Nicolás Fernández, ha lamentado, en entrevista con EFE, que no se haya consensuado una normativa clara, que no deje "al albur" de los gobiernos regionales decisiones que pueden afectar al principio de igualdad de oportunidades del alumnado.
"Falta de liderazgo"
Por su parte CSIF, que ha lamentado "la falta de liderazgo de Educación", ha insistido en que la forma de promoción y titulación están reguladas por ley orgánica y el decreto de alarma no modifica esta realidad normativa.
La Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) ha expresado que la unidad de la comunidad educativa es fundamental y ha exigido que los alumnos más vulnerables puedan disponer de los medios necesarios para superar el curso.
Si bien Save the Children, que había reclamado la apertura de centros escolares en verano para atender a los más vulnerables, considera que las medidas acordadas tienen unos objetivos adecuados, la práctica puede no serla por su falta de concreción normativa y de recursos.
Dar respuesta a las necesidades
A juicio del Sindicato de Estudiantes, el Ministerio de Educación "vuelve a fallar" porque sus medias no dan "una respuesta positiva a las necesidades" del alumnado y se niega a aceptar la realidad de que el curso ya ha terminado, al proclamar que se cerrará en junio.
Escuelas Católicas lamenta que la decisión de la Sectorial añada mayor confusión a un momento de "tanta incertidumbre social" y dice que "no es responsable" ahondar en las desigualdades territoriales ni generar la sospecha de diferencias de trato entre centros.
Por su parte, los centros privados, representados en ACADE, han reivindicado la "autonomía diferenciada" que les reconoce la ley y han pedido "flexibilidad para ampliar el curso en el mes de julio.
