Dolores Vázquez, exculpada del asesinato de Rocío Wanninkhof tras pasar 17 meses en prisión, ha presentado una reclamación patrimonial al Estado por el "funcionamiento anormal de la administración de justicia". Su abogado ha reclamado como indemnización cuatro millones de euros (666 millones de pesetas) en concepto del daño moral sufrido por su estancia en la cárcel y por el "desprestigio" causado a su imagen.
Vázquez fue detenida en septiembre del 2000, un año después de la muerte de Rocío en Mijas (Málaga), y pasó un año en prisión incondicional al ser considera la principal imputada. Un jurado popular la declaró culpable de asesinato y la condenó a una pena de 15 años. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) ordenó repetir el juicio al considerar que se produjo un "quebrantamiento de las garantias procesales", aludiendo a la "falta de motivación" del veredicto del jurado y de la sentencia de la Audiencia, y a la falta de pruebas --sólo había indicios-- que la acusaban. Por ello fue liberada en el 2002.
Poco antes de repetirse el proceso , y a través de unas pruebas de ADN, se descubrió la conexión de Tony Alexander King con la muerte de Rocío y de Sonia Carabantes, fallecida en Coín (Málaga) poco después. El británico fue inculpado en el 2003 como único autor de ambos asesinatos y se sobreseyó la causa contra Vázquez, que ahora se acoge a su derecho de reclamar la responsabilidad patrimonial al Ministerio de Justicia por su "calvario judicial", derecho regulado en la ley del poder judicial. La defensa se basa, entre otros aspectos, en "la evitabilidad del daño".
