Si no pudo Franco, tampoco podrá un tribunal". Así de contundentes se mostraban el medio centenar de tinerfeños que ayer por la tarde se concentraron en la plaza de Weyler, en el centro de Santa Cruz para protestar por la decisión de un juzgado de suspender de forma cautelar los actos musicales del carnaval que superen los 55 decibelios a partir de las diez de la noche, a instancias de un grupo de vecinos que creen vulnerado su derecho al descanso.

Pero no fueron los únicos en salir en defensa de la celebración: temerosos de que Tenerife sirva de ejemplo, se unieron los consistorios de Las Palmas, Sitges y Cádiz, con reconocidos carnavales, y los de Valencia y Sevilla, con citas de repercusión internacional como las Fallas y la Semana Santa, así como el Ministerio de Medio Ambiente.

En un comunicado, el ministerio recordó que el artículo 9 de la ley del ruido permite "excepciones temporales por motivos culturales", lo que ofrece "suficiente base legal" al ayuntamiento, el Cabildo o la comunidad para permitir la fiesta, al tratarse de una celebración centenaria declarada en 1980 de interés turístico internacional. Sin embargo, los alcaldes de otras localidades carnavaleras no las tienen todas consigo.

La concejala de Cultura, Turismo y Carnaval de Las Palmas, María Isabel García Bolta (PP), lamentó la suspensión cautelar por considerar que "va a sentar un precedente que va contra la idiosincrasia de España". El alcalde de Sitges, Jordi Baijet (PSOE), también se mostró "preocupado", al entender que la decisión responde a "un criterio individualista de la ley". "Un patrimonio cultural no puede estar amenazado por el respeto al patrimonio individual", añadió. Y desde Cádiz, la alcaldesa, Teófila Martínez (PP), confió en que la decisión no acabe con la fiesta de Tenerife, porque también "se tendrían que prohibir las Fallas de Valencia, la Feria de Sevilla y los Sanfermines". "Sin la gente en la calle, los carnavales no existirían", apostilló.

El lunes, las partes en conflicto --ayuntamiento y vecinos-- se reunirán en el juzgado para intentar alcanzar un acuerdo que permita celebrar la fiesta. El Cabildo estimó ayer que con la suspensión la isla dejaría de ingresar cinco millones de euros y la repercusión mediática negativa sería "incalculable". El alcalde, Miguel Zerolo (CC), dijo que hará lo posible por una solución "racional", si bien recordó que el "99,9% de los tinerfeños están a favor de sacar la fiesta a la calle". "No se puede celebrar un Carnaval sin música, como tampoco la Semana Santa en Sevilla con todos callados", dijo.