Los polémicos criterios que pretendía aplicar el Ayuntamiento de Vic para negar el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular son historia; al menos en lo que concierne al consistorio, que no piensa mover un dedo para volver a abrir un debate público incendiario, entre otras cosas porque la Abogacía del Estado ha dejado las reglas de juego muy claras. El relevo lo tomarán los partidos políticos, que llevarán la discusión al ámbito nacional, aunque el alcalde, Josep Maria Vila d´Abadal (CiU), tras dar marcha atrás, aprovechó su comparecencia de ayer ante los medios para pedir al Gobierno que haga cumplir la ley de extranjería, y para reclamar ayudas económicas destinadas a los ayuntamientos con una elevada tasa de inmigración: en Vic sobrepasa el 23%.
Acompañado de seis concejales de su equipo de Gobierno (CiU, ERC y PSC), y un día después del no del Ejecutivo central, Vila d´Abadal dijo que el ayuntamiento ha retirado la propuesta de modificar las condiciones de acceso al padrón para los inmigrantes y continuará aplicando el mismo sistema que hasta ahora. La documentación necesaria para los trámites seguirá siendo, al igual que en el resto de poblaciones españolas, un pasaporte y un papel que acredite la residencia en el municipio.
