El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), formado por CiU, ERC y PSC, mantuvo ayer su pulso con el Gobierno central e hizo una cerrada defensa de su polémica decisión de no empadronar a los inmigrantes sin papeles. El consistorio modificó el pasado 3 de enero los criterios para el registro. Ahora, los extranjeros que quieran inscribirse en el padrón deberán demostrar que tienen la documentación en regla --permiso de residencia o de trabajo--. En caso contrario, el consistorio concederá un documento provisional y los implicados tendrán tres meses para normalizar su situación. Si no lo hacen, se comunicará la irregularidad a la Policía Nacional, a quien compete abrir los expedientes de expulsión.
Los portavoces de los tres partidos reafirmaron ayer su confianza en los servicios jurídicos de la corporación, que avalan la medida. El gobierno municipal solo dejó una puerta abierta a la marcha atrás al comprometerse a que si alguna instancia administrativa de rango superior demuestra la ilegalidad de la nueva norma, esta será retirada.
En la línea de los últimos días, el equipo de gobierno escenificó su unidad y no se amedrentó ante los numerosos medios de comunicación de toda España. El alcalde de Vic, Josep M. Vila d´Abadal, se comprometió a poner en cuarentena los nuevos criterios del padrón, que se empezarán a aplicar el 4 de febrero
El Gobierno trabaja ya intensamente en una respuesta política, jurídica y legal que pare los pies a las intenciones de Vic. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, confirmó ayer que la Abogacía del Estado estudia ya las intenciones de la ciudad para tomar las "medidas pertinentes" si se constata, como todo indica, que las intenciones de Vic vulneran la ley. La medida contiene evidentes contradicciones internas y se basa en una norma --la ley de extranjería-- que, según han recordado el Gobierno y destacados juristas, nada tiene que ver con el acceso al padrón.
