Víctimas de abusos sexuales valoran positivamente el anteproyecto de ley para proteger a la infancia. Tanto el activista Miguel Hurtado como Manuel Barbero, padre del primer denunciante del caso Maristas destapado por este diario, creen que se ha dado un paso importante pero subrayan que no es definitivo. "Si no se aplica adecuadamente, si no se destinan recursos económicos, quedará como una simple declaración de intenciones", avisan.
"A muchas víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica nos deja un sentimiento agridulce", analiza Hurtado, víctima del monge Andreu Soler de la abadía de Montserrat. "Se habla de las escuelas, del deporte y de la familia pero no se alude explícitamente a los entornos religiosos, algo que no se comprende después de todos los casos de pederastia que han aparecido durante los últimos años", subraya.
En sentido contrario, el ahora activista, defiende que el texto incluye elementos decisivos para los menores como la creación de juzgados y fiscalías específicos un paso que permite equiparar la violencia contra la infancia con la de género, la formación para detectar los casos o los protocolos que obligan a denunciarlos.
Más complejo resulta el caso de la prescripción de los delitos. Barbero considera que el salto que da es cualitativo porque ensancha enormemente la ventana de tiempo que tendrán las víctimas de maltrato sexual en la infancia para denunciar los hechos pero cree que distinguir entre la gravedad de los delitos investigados podría conducir a "confusiones". Hasta ahora, la caducidad de los delitos se activaba a partir de la mayoría de edad de las víctimas y con la nueva ley lo hará a partir de los 30 años. El caso Maristas se saldó con un único juicio para los 17 docentes denunciados. Es decir, a causa de la prescripción vigente, 16 profesores sospechosos algunos confesos no han sido juzgados. Hurtado, que opina que el cambio es substancial, cree que es insuficiente.
La comisión de investigación sobre abusos sexuales infantiles en instituciones de Australia publicó un estudio jurídico, que contaba con una muestra de 4.500 victimas, concluyó que "la media de edad de las personas al denunciar era de 44 años" lo que significa que la ampliación española hubiera excluido a la mayoría de los implicados en aquellos abusos, lamenta Hurtado.
Para Hurtado, los partidos políticos catalanes y vascos, que representan comunidades especialmente afectadas por la pederastia, deberían "presionar" durante el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados para lograr que los plazos de prescripción se alarguen todavía más.
Benítez se acerca a la cárcel
El pederasta que abusó del hijo de Barbero, Joaquim Benítez, es el único profesor juzgado por los abusos sexuales que padecieron alumnos escolarizados en centros maristas durante décadas. Fue condenado por la Audiencia de Barcelona a 21 años y 9 meses de cárcel pero actualmente sigue en libertad. Este jueves tendrá lugar una nueva vista para decidir si, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya desestimado su último recurso, debe o no comenzar a cumplir la condena. Dado que presumiblemente la defensa de Benítez presentará una nueva instancia al Tribunal Supremo, Barbero cree que seguirá en la calle. Lo cual, asegura, es "frustrante" no solo para la familia sino para todas las víctimas.
