Casi 12 meses después de que el Congreso alumbrara el pacto de Estado contra la violencia machista, y tras numerosas protestas de las feministas por el retraso en su puesta en marcha, el Gobierno aprobó ayer un real decreto-ley que pone en marcha las primeras medidas legislativas de calado y urgentes. Entre ellas, que las víctimas del maltrato no tengan que interponer denuncia para recibir ayuda, que los ayuntamientos recuperen las competencias en esta lucha y que los hijos de los maltratadores no precisen de autorización paterna para recibir atención psicológica.

En lo que va de año han fallecido 23 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y solo cinco habían interpuesto denuncia. Son cifras que dan muestra del temor que tienen las víctimas a acusar a su agresor. Por ello, el Convenio del Consejo de Europa exige no supeditar la protección de las maltratadas al ejercicio de acciones legales o una declaración contra el autor. Fue una recomendación incorporada al pacto y que ahora aprueba el Gobierno, mediante el real decreto, que modifica la ley integral contra la violencia machista, para acreditar los mecanismos e instituciones que podrán determinar si una mujer es víctima o no.

El Gobierno avanzó ayer que bastará con un informe del fiscal, de los servicios sociales o de acogida. Aún así, Ejecutivo y comunidades autónomas diseñarán los procedimientos básicos de acreditación en próximas fechas.

Además, el real decreto, que entrará en vigor al publicarse en el BOE, fortalece la tutela judicial, al permitir la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos, de forma que se asegure la inmediata defensa y representación de la víctima. Y las mujeres agredidas podrán personarse como acusación particular. Algunas de estas medidas fueron avanzadas el martes por la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la conferencia sectorial en la que se efectuó el reparto de los 100 millones que recibirán este año las autonomías, en cumplimiento del pacto. El Gobierno gestionará otros 80 millones y las administraciones locales 20. En dicha reunión Calvo se comprometió a doblar los fondos para los ayuntamientos, de forma que en el 2019 recibirán 40 millones, tras recuperar las competencias contra el maltrato, mediante este real decreto.

La normativa modifica la ley de bases de régimen local, de forma que los consistorios recuperarán las competencias en materia de servicios sociales, promoción de la igualdad, prevención de la violencia de género y atención a las víctimas. Los expertos han detectado que las mujeres que viven bajo el yugo del machismo llaman primero a las puertas de los ayuntamientos. De ahí que el pacto de Estado acordara devolver a los consistorios las competencias, que ahora ejecuta el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por otro lado, el real decreto modifica el Código Civil para que la atención psicológica de los menores que sufren o viven en un entorno de maltrato quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común de ambos progenitores, cuando exista una sentencia firme o haya una causa penal en curso por malos tratos o abusos.