El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la ampliación del número de beneficiarios de la justicia gratuita, de forma que algunas de las víctimas más vulnerables no tengan que pagar abogado, procurador ni las nuevas tasas judiciales.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió el pasado noviembre a que las víctimas del terrorismo, de la violencia machista, de la trata de personas y los niños y discapacitados psíquicos agredidos o que hayan sufrido abusos sean eximidos de cualquier coste cuando quieran denunciar a su agresor o exigir responsabilidades por su condición de víctimas. Esta propuesta forma parte del anteproyecto de reforma de la justicia gratuita que estudiará hoy el Consejo de Ministros, informaron fuentes gubernamentales a EL PERIODICO. En el caso de las maltratadas, eximirá del pago de las tasas también en los procesos de divorcio y separación.
LA EXCUSA FRENTE A LAS TASAS Gallardón ha utilizado esta reforma como parapeto ante el rechazo unánime que ha generado la imposición de cuantiosas tasas para acceder a los tribunales. Su argumento es que el nuevo impuesto servirá para financiar la justicia gratuita, que en el 2011 atendió a más de dos millones de personas. Y que los beneficiarios aumentarán porque la reforma elevará el umbral salarial a partir del cual se puede disfrutar de este servicio de 14.910 euros a 15.970 euros al año.
Por contra, el Ejecutivo será más riguroso a la hora de vigilar quién puede beneficiarse de la justicia gratuita, con el fin, dijo el ministro, de evitar abusos. Es previsible que se empiece a tener en cuenta el patrimonio del solicitante para evitar, por ejemplo, que un autónomo que cotiza por el mínimo posible y tiene en propiedad varias viviendas esté exento del coste de pleitear.
La reforma se ha retrasado algunas semanas porque Gallardón quería acordar su contenido con las comunidades, que son las encargadas de gestionar y financiar a duras penas el coste de los abogados de oficio.
Precisamente ayer el PSOE, que se reunió con juristas y asociaciones de mujeres, exigió a Gallardón que "cumpla su palabra" y apruebe sin más dilaciones el decreto que exime del pago de las tasas a las maltratadas. Ultima un recurso ante el Constitucional contra el tasazo judicial y ha hecho de este tema uno de sus caballos de batalla. Sin embargo, Gallardón aprovechó para presumir de que su propuesta "es mucho más ambiciosa", dado que eximirá a víctimas de la violencia machista de cualquier pago en los tribunales.
