En la casa que habita Sandra C. en una localidad del Baix Penedès, en Cataluña, la vulnerabilidad es un inquilino más. La desigualdad tiene todas sus aristas: la económica, la laboral y la emocional. Hubo un día que en su hogar entraban 2.000 euros mensuales, pero de la noche a la mañana todo dio un giro y la vida familiar se desgajó. Perdió el piso, se quedó sin trabajo, su pareja se esfumó y ella se quedó con dos niños. «Nunca imaginé que eso me podía pasar a mí, pero tenía claro que no quería perder mi dignidad ni mis derechos».
Sandra es uno de los rostros de la pobreza energética, pero como ella hay otros 5,1 millones de españoles, según los últimos datos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). En total, el 11% de los hogares. La pobreza energética es una realidad con numerosos ejemplos. «Tengo la mitad de la casa sin luz. He quitado las bombillas», afirma Sandra. En el resto de la casa toca apretarse el cinturón. Cocina con la luz que proporciona del extractor de humos, en el baño ha eliminado una de las dos bombillas que tenía y en el comedor la luz eléctrica solo se enciende cuando no hay otro remedio. Y añade. «Cenamos sin luz. La televisión nos ilumina y tenemos la suerte de tener una farola en la calle que proporciona claridad al comedor». Esa es su vida a media luz.
A Sandra le trae de cabeza la deuda de 2.300 euros que tiene con Endesa: «La tengo atravesada. ¡Yo que nunca había debido nada a nadie!». Pero a la vez tiene claro que «las compañías tienen que hacerse responsables de la situación de las familias vulnerables». Este problema afecta, según ACA, al 8% de los españoles. Más de 4 millones de personas se retrasan en el pago de las facturas domésticas. Sandra, que es una madre monoparental, sentencia que «vivir indignamente cuando quieres vivir dignamente es triste y duro».
Alba S., sabe lo que es vivir sin luz en pleno siglo XXI, se la han cortado dos veces, la última estuvo cinco días a oscuras. Fue una jornada fatídica: tenía orden de desahucio que impidieron los vecinos. La alegría duró poco porque en cuestión de horas la compañía le cortó la luz. Esta madre, también monoparental y con tres pequeños a su cargo de 10, 7 y 2 años, cuenta sus vivencias en esos días sin luz. «Me pasaba el día en la calle. Guisaba con la linterna del móvil que cargaba en casa de una amiga y menos mal que la cocina es de gas», recuerda. La solidaridad vecinal le permitió recuperar la luz en su vivienda ocupada y lo único que pretende es que las eléctricas le hagan un contrato para pagar el suministro.
Sin embargo, como recuerda María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), las empresas no quieren reconocer el fenómeno de la ocupación y para poner un contador exigen «un justo título» o, lo que es lo mismo, contrato de alquiler o la escritura de propiedad. Campuzano pide, al menos, que el contador se coloque mientras la Administración realoja a esas familias o les proporciona un alquiler social. Las compañías de agua ya aplican esta fórmula.
Cecilia C., vecina de Nou Barris, en Barcelona, adeuda 1.500 euros a Gas Natural que no puede abonar aunque quiera porque cobra un subsidio de 420 euros y el alquiler le absorbe la prestación. «Necesito comer», exclama. Las cifras son elocuentes. El 15% de los hogares españoles destinan más del 10% de los ingresos anuales a pagar las facturas de los suministros.
