El Congreso aprobó ayer una norma que traerá consigo importantes consecuencias a pie de calle. Literalmente. Cuando la ley de seguridad privada entre en vigor, algo para lo que todavía falta un tiempo ya que ha sido trasladada al Senado, los vigilantes podrán reclamar identificaciones e incluso practicar detenciones no solo en los inmuebles que protejan, sino también en plena vía pública. Este cambio normativo viene de un pacto en la comisión de Interior de la Cámara baja entre el PP, CiU y el PNV, y amplía enormemente las competencias de los trabajadores de seguridad privada, pese a que están sometidos a muy pocos controles por parte de la Administración. Para poder formar parte de este colectivo, solo es necesario aprobar exámenes teóricos y prácticos en academias privadas.
Según el acuerdo de los conservadores con los nacionalistas catalanes y vascos, los vigilantes podrán llevar a cabo las "comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión". En principio, dentro de las instalaciones donde hayan sido contratados para desempeñar su labor. Sin embargo, la norma también permite que se practiquen cacheos y arrestos en la vía pública en determinados supuestos. Entre otros, más allá de los casos donde el delincuente sea "sorprendido en flagrante delito", cuando estos trabajadores manipulen "bienes valiosos", cuando retiren o repongan "fondos en cajeros automáticos", cuando vigilen o protejan "recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma" y cuando se desplacen al exterior "para la realización de actividades directamente relacionadas con sus funciones".
Estos dos últimos supuestos otorgan un amplio margen de maniobra a los vigilantes. Según el Gobierno, se trata de legalizar unas conductas que ya se estaban realizando de facto. La posición de CiU, que ha logrado mantener algunas de las actuales competencias de las autonomías en esta ámbito, es distinta. Pese a apoyar la norma, la federación catalana pretende que los vigilantes solo puedan detener en la vía pública cuando haya habido una autorización previa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, algo en lo que seguirá insistiendo en el Senado.
Aun así, algunas de sus enmiendas se dirigen en sentido contrario. En sus términos originales, la ley, que también permite a las empresas de seguridad privada el control exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros, señalaba que los vigilantes estaban legitimidados para practicar arrestos en sus desplazamientos al exterior solo en casos "excepcionales". CiU propuso, y logró, que se suprimiera esta última palabra. De acuerdo con el portavoz de Interior de los nacionalistas, Jordi Jané, se trató de un "error" en la tramitación parlamentaria.
UN CUERPO PARALELO "Las empresas de seguridad están de enhorabuena. Son las grandes beneficiadas de esta ley", sostuvo el diputado socialista Antonio Trevín. Al igual que IU-ICV, el PSOE considera que la norma autoriza a crear un cuerpo policial paralelo y puede conllevar la privatización de un ámbito tan sensible como este. "La ley rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público atribuido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --concluyó Trevín--. A partir de ahora, sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada según criterios económicos. Es decir, lo que sea más barato".
