El caso de Tomás Pardo, el preso que el pasado sábado raptó, violó e intentó matar a una mujer de 52 años de Igualada durante un permiso penitenciario es «muy infrecuente», aclara Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología de la Universidad de Barcelona (UB). No solo porque únicamente el 5,8% de los convictos por delitos sexuales reinciden en seguimientos a tres años vista, también lo es porque en las dos agresiones que Pardo cometió -contra una mujer de Martorell en el 2002 y la última, perpetrada el 29 de octubre-, desplegó una violencia extrema (la apuñaló seis veces en el cuello) que no se da en la mayoría de violaciones.
Este profesor de la UB subraya, además, que la decisión que tomó Pardo tras abusar de la mujer que secuestró -intentó asesinarla para no ser descubierto- describe a un hombre «que probablemente se sintió omnipotente» y que estaba convencido de que podía «disponer» a su antojo «de la vida de la mujer».
MINORÍA INCURABLE / Pueyo mantiene que «existe un grupo muy minoritario de agresores sexuales que no pueden ser reinsertados completamente» en la sociedad porque nunca dejan de representar «una amenaza» para esta. En Inglaterra existe una medida de «internamiento de duración indeterminada» que se adopta al final del cumplimiento de una condena carcelaria y que consiste en «el ingreso en un hospital psiquiátrico-forense de seguridad». En Estados Unidos se adoptan fórmulas legales que «incapacitan civilmente» al procesado y, a pesar de que ya no esté recluso, tiene «fuertemente restringidas sus libertades como ciudadano».
Pardo, con toda seguridad, pasará muchos años en prisión. De entrada ahora cumplirá íntegramente la condena por la violación del 2002 que finaliza en el 2022 porque, al haber reincidido con la víctima de Igualada, también ha quebrantado el reglamento de los permisos penitenciarios. Y a partir de ese año empezará a pagar por el ataque más reciente, por el que presumiblemente le caerá una condena no inferior a 20 años. Es decir, difícilmente recuperará la libertad antes de que haya cumplido 70 años. Ahora tiene 40.
Montserrat Bravo, psicóloga en casos de violencia sexual, aclara que «estas agresiones son de tal magnitud que perturban gravemente la estabilidad psicológica» de las mujeres que las sufren. Por lo general, acaban afectando «a la mayoría de las áreas de la vida» de estas personas. Aunque no todas tienen «por qué presentar el mismo desarrollo clínico».
LAS SECUELAS / A corto plazo, las secuelas que se diagnostican son «el embotamiento, el shock, la negación, la aparición de cuadros graves de ansiedad y desánimo». Más adelante pueden aparecer «el trastorno por estrés postraumático, la depresión, dificultad para conciliar el sueño o la desconfianza en las relaciones», enumera esta especialista. Más allá de los síntomas que resultan perceptibles a los ojos de los expertos, Bravo avisa de que no deben menospreciarse las repercusiones que puede implicar para la víctima enfrentarse a un procedimiento judicial que le obligará a revivir los hechos.
El sistema penitenciario confía en la rehabilitación de los reos. Pero esta terapeuta explica que las víctimas difícilmente comprenden que se otorguen a sus agresores permisos o reducciones de condena como los que recibió Pardo. Para ellas, el ataque «marcó un antes y un después».
Los permisos que permiten a los violadores -y al resto de presos- salir episódicamente de la cárcel los conceden los jueces de vigilancia. La decisión de retenerlos sin excepciones entre los muros de una prisión o, por el contrario, confiar en que salgan unos días al exterior, la toman estos magistrados a partir de los informes que realizan los especialistas y de la respuesta de los reos a los tratamientos de rehabilitación. La Consejería de Justicia sigue el programa Control de la Agresión Sexual (SAC) que se utiliza en todo el mundo y que trata de conjugar la reinserción de los reos minimizando la amenaza que pueden suponer para la sociedad que los recibe. H
