El pasado abril Rosa y Antonio se despertaron con un sobresalto. Les llamaba un vecino de su apartamento de Palamós preguntando si alguien de su familia lo estaba utilizando. Tras comprobar que no, cogieron el coche y con el peor de los presentimientos se fueron a ver que estaba pasando. Cuando llegaron se encontraron una pareja joven instalada en su segunda residencia. "Tenemos nuestros derechos y no nos vamos a marchar", les advirtieron a modo de recibimiento. La odisea concluyó varias semanas después con el pago de 4.000 euros a un intermediario.
Para hacer frente a esta plaga, orquestada sobre todo por mafias que viven de la extorsión a los propietarios, el Parlamento aprobó el pasado junio una reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil que entra este lunes en vigor y prevé solventar en un máximo de dos meses estas situaciones, que hasta ahora podían alargarse dos años. A partir de hoy ya no será necesario que las víctimas negocien un rescate, acudan a empresas especializadas en desalojos expeditivos o por el contrario, se sometan a un interminable calvario judicial. Siempre, claro, que esta ‘ley antiocupaciones’ demuestra su eficacia.
Procedimiento ágil
El secretario de la Junta del Colegio de Abogados de Barcelona, Jesús Sánchez, está convencido que funcionará. "El procedimiento previsto es muy ágil. Es un juicio verbal en el que propietario tiene la posibilidad de reclamar a un juzgado de lo civil la inmediata entrega de su vivienda. Se les requiere la entrega a los ocupantes, aún que sean desconocidos, para que en el plazo de cinco días comparezcan ante el juez y acrediten si tienen título para poder vivir en ese piso. Si no acreditan ninguno se dicta una interlocutoria que no se puede recurrir y da lugar al lanzamiento inmediato. Es tan fácil como eso”, explica Sánchez.
Este desalojo exprés solo será aplicable a viviendas propiedad de propietarios que sean personas físicas o si se trata de pisos sociales cuyos titulares sean oenegés o administraciones. Los fondos buitres, bancos, inmobiliarias y otros grandes tenedores quedan excluidos.
Tanto el PSOE como Unidos Podemos votaron en contra de la reforma, cuya iniciativa correspondió a las diputada del PDECat, Lourdes Ciuró. Las formaciones de izquierdas consideraron que no se ofrecen garantías suficientes de realojo para los casos en los que los ocupantes sean familias vulnerables.
Servicios sociales
La norma establece la obligación de comunicar los servicios sociales los casos de familias vulnerables y da un plazo de siete días para que resuelvan la situación. "Había que establecer un límite. Lo que no se puede permitir es que hasta que las administraciones no les proporcionen una vivienda tengan una a costa del propietario. Esto en un estado de derecho es impensable. Hay países de nuestro entorno, Gran Bretaña, Francia y Alemania, que eso se soluciona por vía policial en 24 o 48 horas. La nueva ley opta por una vía intermedia, que es razonable”, argumenta el secretario del Colegio de Abogados.
La reforma no está pensada, en principio, para la vivienda habitual del propietario, sino para segundas residencias como la de Rosa y Antonio (nombres supuestos) o pisos que llevan algún tiempo desocupados. Los asaltos de la residencia principal, que también se dan, deberían poder solventarse con rapidez por la vía penal, al suponer un allanamiento de morada, “un delito como la copa de un pino”, según Sánchez.
Pero se han dado casos en que el juez de lo penal o no aprecia el delito o dilata el procedimiento. Casos en que una persona se ha ido de vacaciones o ha estado ingresada en un hospital y cuando regresa a casa la encuentra tomada por desconocidos sin que la justicia actúa. El propietario puede optar a partir de ahora también por la nueva abierta en la jurisdicción civil.
Propuesta de Ciudadanos
Para dar respuesta a quiénes sufren esta situación Ciudadanos ha registrado un proposición de ley integral contra la ocupación ilegal para "defender a los ciudadanos que cumplen y perseguir a quienes no lo hacen". "Sería interesante que como mínimo se tomara en consideración y el Congreso lo debatiera", señala el responsable del Colegio de Abogados.
"Esta Ley va al centro del problema, que es proteger a esas familias que esperan para acceder a sus viviendas frente a quienes se saltan la Ley generando conflictos en los barrios de muchas ciudades", señaló Albert Rivera durante su presentación.
La propuesta de Ciudadanos comportaría modificaciones de la leyes de la Propiedad Horizontal, Seguridad Ciudadana, Enjuiciamiento Civil y Código Penal.
