La petición de información de Vox sobre acciones formativas LGTBI en centros escolares madrileños ha vuelto a agitar el debate político con los derechos este colectivo, que ya protagonizó una de las exigencias del partido de ultraderecha para negociar el apoyo a un Gobierno de PP y Cs en Madrid. La líder del partido ultradrechista en la región, Rocío Monasterio, ha presentado un escrito en la Asamblea de Madrid en el que solicita información al Consejo de Gobierno de colegios públicos y concertados en los que el colectivo LGTBI Cogam haya realizado actividades «informativas, formativas o de otra índole».

En concreto, pide la «fecha de celebración de la actividad, el centro en el que se realiza, el temario o información trasladada, breve descripción de la actividad o experiencia desde 2015 incluido hasta la fecha actual, nombre y apellidos del ponente o ponentes y cuál ha sido la clase o clases destinatarias».

La Consejería de Educación ha explicado que las acciones formativas extraescolares en los centros educativos no son determinadas por la Consejería, sino que dependen «exclusivamente de cada centro», por lo que no disponen de listados como los que pide.

Además, ha informado de que «no hay ni una sola denuncia» ante la inspección educativa por adoctrinamiento en las aulas madrileñas, al tiempo que ha resaltado que la Consejería «ha cumplido, cumple y cumplirá escrupulosamente» con la Ley Orgánica de Protección de Datos.

A través de Twitter, Vox ha defendido su requerimiento de información. «A ver si ahora no se va a poder fiscalizar lo que se hace con la educación de nuestros hijos», ha escrito.

La petición ha despertado las críticas de partidos de izquierda, sindicatos y asociaciones. También de la Federación Plataforma Trans, que ha pedido la «ilegalización» de Vox por peticiones que «pueden suponer un delito de odio por fomentar una causa general contra el colectivo».

No es la primera vez que el partido de ultraderecha pone el foco en el colectivo LGTBI, ya que en el documento con las exigencias para negociar una investidura de Gobierno con PP y Cs en Madrid reclamaron derogar ciertos artículos de las dos leyes regionales LTGBI, de 2016.