El Gobierno sostiene que decidirá sobre la prórroga de la central nuclear de Santa María de Garoña una vez escuchada la voz de los expertos, esto es, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que emitirá hoy un informe previsiblemente a favor de la continuidad de la central, pero con condiciones y fuertes inversiones. Sin embargo, todas las fuentes consultadas opinan que José Luis Rodríguez Zapatero, manifiestamente antinuclear, decidirá sobre su continuidad en virtud a criterios exclusivamente políticos. En este sentido, el número dos de la lista socialista a las elecciones europeas, Ramón Jáuregui, se mostró ayer convencido de que el presidente será partidario de una "prórroga muy limitada".

El Ejecutivo ha sido hasta ahora muy cauto a la hora de dar pistas. Si en la pasada legislatura se mantuvo firme en su compromiso de dar cerrojazo a las nucleares con el cierre de la vetusta central de Zorita, en la actual ha ido moderando su discurso a medida que se acercaba la decisión sobre Garoña, actualmente la más antigua. Esta central burgalesa superará en breve el tiempo previsto de funcionamiento en el momento de su inauguración, en 1971.

LA CONTROVERSIA El problema es que no hay una opinión uná- nime. Mientras el exministro Jesús Caldera y las juventudes socialistas son partidarios del cierre atómico cuando las ocho centrales españolas alcancen su vida útil, el expresidente del Gobierno Felipe González apuesta por el mantenimiento de Garoña, cuyos responsables están dispuestos a realizar las inversiones necesarias para mantenerla abierta. En el Gobierno, todas las fuentes consultadas sostienen que Zapatero es el más verde, frente a otros más pragmáticos como el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Recientemente, el presidente confesó en el Congreso que procurará "ser coherente con sus convicciones". Ha sido lo más parecido a una pista que ha ofrecido.

En este sentido, las fuentes consultadas coinciden en que él tomará la última decisión, aunque ven difícil saber hacia qué lado se orientará. Hay quien considera que dará su brazo a torcer y accederá a que Garoña siga abierta durante un tiempo, probablemente inferior a los 10 años solicitados por sus dueños, Iberdrola y Endesa, pero con el compromiso de fuertes inversiones en seguridad. Mientras, hay quien aventura que Zapatero es capaz de dar un golpe de efecto y acordar su cierre con el fin de ganarse el apoyo ecologista.

En cuanto a la coyuntura, hay razones para inclinarse hacia los dos lados. Por un lado, es difícil renunciar a una fuente energética barata en tiempos de depresión. Pero, como ha caído la demanda eléctrica, ahora es más fácil reemplazar las nucleares.

El CSN tiene como máximo hasta la medianoche de hoy para emitir su dictamen, que solo es vinculante si acuerda su cierre. En la institución hay dos consejeros del PP y uno de CiU, cuyos partidos defienden la renovación, y dos consejeros socialistas que, están intentando imponer el máximo de condiciones a la prórroga. El Gobierno tiene de plazo para pronunciarse hasta el próximo 5 de julio.