Después de un par de llamadas de teléfono en los últimos días y una breve charla ayer en el Congreso, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han decidido concederse una tregua en torno al conflicto de los controladores, que se prolongará hasta el jueves, fecha en que se celebrará un debate sobre la aplicación del estado de alarma en España. Fuentes gubernamentales subrayaron ayer que Zapatero solo está obligado a "comunicar" a la Cámara baja su decisión de aprobar la medida, pero que ha consentido abrir un debate al respecto por cortesía con el resto de grupos. Para responder al gesto, Rajoy ha optado por un silencio de 72 horas.

No obstante, está por ver si el pacto tácito del jefe del Ejecutivo y del líder de la oposición alcanza también a sus respectivos partidos, envueltos en un rifirrafe político en el que han llovido acusaciones al Gobierno de falta de previsión, críticas al PP por supuesta connivencia con la huelga salvaje de los controladores y hasta peticiones de dimisión de ministros. En cualquier caso, los corrillos en el acto del Congreso para celebrar los 32 años de la Constitución sirvieron ayer para intuir por dónde irán Zapatero y Rajoy el jueves.

EL MOMENTO ELEGIDO El PP insiste en que quiere saber por qué, el pasado viernes y en vísperas de puente, aprobó el Gobierno un decreto tan conflictivo para los controladores. En conversación informal con la prensa, Rajoy explicó que en función de cómo responda Zapatero a este interrogante en el Parlamento, su apoyo al decreto de alarma nacional (que ya está garantizado) estará acompañado de un discurso más o menos crítico. Según el jefe de la oposición, el presidente no le ha contado nada al respecto en las conversaciones telefónicas que han mantenido. La versión de Zapatero de esas conversaciones es que el líder del PP le dio respaldo en la gestión de la crisis y le dijo esto: "Ten buena mano".

Algunos ministros ya apuntaban ayer que, antes del pasado viernes, el Ejecutivo tenía noticias que apuntaban a que el colectivo de controladores gallegos se negaba a trabajar, alegando que ya habían sobrepasado las 1.670 horas anuales a las que están obligados, y que esa estrategia "iba a extenderse de forma inminente a Madrid" para boicotear la llegada de aviones a Barajas por el final del puente. "El Gobierno movió ficha con el decreto porque el sindicato de controladores USCA no garantizaba que lo ocurrido en Galicia no sucediera también en Madrid. Y todo podía ir a peor en Navidad", señalaron las fuentes citadas, que también admitieron que el Consejo de Ministros valoró y se preparó para posibles reacciones del colectivo una vez aprobado el decreto, pero sin considerar factible que los controladores abandonaran sus puestos de trabajo, obligando a cerrar el espacio áereo.

EL FUEGO CRUZADO Ante esa jugada del colectivo, se respondió decretando el estado de alarma. El PP puso entonces en acción a su portavoz, Esteban González Pons, para exigir explicaciones inmediatas al Gobierno e insinuar falta de previsión. Desde el PSOE respondió el también secretario de Estado de cooperación territorial, Gaspar Zarrías, acusando a los populares de estar detrás del caos aéreo. Ese cruce de declaraciones ha tensado de nuevo la relación entre socialistas y populares.

Mientras tanto, Zapatero y Rajoy se dan un respiro, pero también se preparan por si el debate se torna crudo: el primero, dice su entorno, no descarta reprochar al PP que aprobase en 1999 un convenio que dotó a los controladores de "excesivos privilegios". Y el líder de la oposición, avanzan desde el PP, podría criticar que no se haya modificado ese convenio en seis años.