La justicia investigará lo sucedido con el presunto asesino de Mari Luz Cortés y depurará todas las responsabilidades. Este fue el compromiso adquirido este fin de semana por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro en funciones del ramo, Mariano Bermejo, con el padre de la pequeña de Huelva. Mientras, la Junta de Andalucía ha negado que ningún funcionario del juzgado que condenó a Santiago del Valle estuviera de baja cinco meses, tal y como aseguró el juez titular.

Según explicó el padre de la pequeña asesinada, Juan José Cortés, José Luis Rodríguez Zapatero le llamó la noche del sábado personalmente para prometerle que "llegará al fondo" de la investigación sobre por qué el presunto asesino estaba en libertad y no entró en prisión pese a las dos condenas por abusos pendientes, según la versión del hombre. Asimismo, el presidente pidió a Cortés que confíe en él y que no se preocupe, según el progenitor.

CONDOLENCIAS. Mientras, Bermejo se puso en contacto con el padre de la niña por vez primera ayer. Ambos le dieron sus condolencias y le dijeron que se llegaría "hasta donde haya que llegar". Así, Zapatero reconoció "los errores que se hayan podido cometer" y se comprometió a abrir una investigación para esclarecer las causas de la libertad de Del Valle.

Cortés confesó además que el ministro le agradeció los llamamientos a la calma y subrayó que, aunque cansados después de tres intensos meses, no cejarán en el intento de conseguir "una justicia justa" para su hija de cinco años.

Por su parte, la Consejería de Justicia andaluza negó ayer que hubiera una baja de cinco meses sin suplir en el juzgado que condenó a Del Valle, en contra de lo que aseguró el juez Rafael Tirado el pasado 28 de marzo. Según su versión, la funcionaria encargada de ejecutar las sentencias no fue sustituida, lo que acarreó un atraso en las 600 sentencias que se encuentran en fase de ejecución en dicho juzgado.

Por contra, la Junta andaluza explicó que se cubrió dicha baja en 40 días. Además, recordó que en el juzgado trabajan ocho personas, "que deben priorizar los casos con presos y de especial importancia", cuatro de tramitación, dos de gestión y otras dos de Auxilio Judicial.

La Junta de Andalucía espera que la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aclare con rapidez la lentitud en la tramitación de la ejecución de una sentencia de un caso tan grave como éste. El CGPJ está investigando el retraso ejecutorio, dado que la responsabilidad de dar prioridad y la prelación de los casos corresponde al órgano judicial, así como a la dirección de la oficina judicial, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.