Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Badajoz detuvieron el pasado día 10 de julio a un hombre, a quien, al realizar una inspección en una clínica veterinaria de la ciudad, sorprendieron cuando cortaba las orejas a un perro, según fuentes de la propia comandancia.
La actuación del Seprona se llevó a cabo en el transcurso de una inspección, como consecuencia de los indicios detectados en su investigación sobre supuestas irregularidades en lo que respecta a la extirpación de orejas y rabos practicadas a perros, con la justificación de mantener los estándares raciales y estéticos, según indicó la Guardia Civil.
Fue de este modo como los agentes del Seprona sorprendieron in fraganti en la sala quirúrgica de una clínica veterinaria, «a un hombre cuando procedía al corte de las orejas de un can de raza american bully».
Así mismo, una vez identificada la persona, resultó que «no tenía la habilitación/titulación para esta práctica veterinaria, por lo que se le considera supuesto autor de un delito de intrusismo profesional, y a la vez de otro de maltrato animal», señaló la Guardia Civil.
El Seprona recuerda, además el vigente Código Penal, que la legislación al respecto es tajante, pues el pasado 1 de febrero entró en vigor en España el Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía. Y se refirió al artículo 10, que prohíbe las intervenciones quirúrgicas cuyo objeto sea modificar la apariencia de un animal de compañía, o conseguir otros fines no curativos. Y en particular el corte de cola, de orejas, la sección de las cuerdas vocales y la extirpación de uñas y dientes.
Todo ello, añade, «salvo que un veterinario considere la necesidad de intervenciones en beneficio de la salud del animal y/o poder disminuir su sufrimiento. Excepción ésta «no observada en ningún momento en la actuación» llevada a cabo. Además, la Guardia Civil busca ahora al propietario del animal, pues el supuesto autor de los delitos se negó a identificarlo. El perro no llevaba el microchip obligatorio, por su especie y edad.
El detenido fue puesto a disposición judicial con las diligencias instruidas, pudiéndose enfrentar a condenas de hasta 2 años de prisión por intrusismo profesional y hasta 18 meses por maltrato animal, según el Seprona.
