Las defensas de los 28 acusados de tráfico de drogas en Plasencia han pedido hoy en la Audiencia Provincial de Cáceres la nulidad de las investigaciones de la Guardia Civil por vulnerar derechos fundamentales de sus representados, que se enfrentan a penas de entre 3 y 27 años de prisión.

La sala de vistas de la Audiencia Provincial ha acogido este lunes las cuestiones previas al juicio en el que hay encausadas 28 personas, cuatro en prisión provisional, pertenecientes a dos clanes de Plasencia y Malpartida de Plasencia.

La Fiscalía los acusa en este proceso, que se espera se reanude en dos semanas, de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, falsedad de documento público, tenencia ilícita de armas, cohecho y revelación de secretos.

En la vista, una de las defensas ha aludido a que el auto del juzgado de instrucción de Plasencia que abrió la intervención de las comunicaciones telefónicas de los investigados, fechado en marzo de 2015, no da razones jurídicas ni estipula el tiempo de duración de las escuchas.

Las investigaciones se derivan de una aprehensión de droga en 2013 por parte de la Guardia Civil de Tráfico de Toledo a uno de los supuestos cabecillas de la banda.

Asimismo, para uno de los abogados defensores, Josué García, la Audiencia de Cáceres no es competente, ya que debe ser la de Toledo o la Nacional, esta última por el volumen de las actuaciones y por ocurrir en diferente comunidades autónomas, según ha dicho.

Además, a su juicio, el auto de 2015 no cumple con los requisitos puesto que "vulnera" derechos fundamentales de los acusados, como el secreto de comunicaciones, por lo que si este fuera nulo "decaería todo el proceso hasta el último medio probatorio", ha advertido.

"No hay ningún indicio para entender que pueda iniciarse la investigación y que se esté cometiendo un delito", ha señalado por su parte Jacobo Teijeido, letrado de dos acusados.

Además, según este abogado, se utilizan "perfiles étnicos" en el inicio de la investigación, ya que en el sumario completo aparece hasta 764 veces la referencia a "mercheros, quinquis y clan", entre otras expresiones "propias de la antropología y no de criminología ni de penal", a su juicio.

"No se pueden echar las redes de pesca a ver qué se encuentra, y sobre todo, mucho menos basándolo en que pertenecen a un determinado grupo étnico o racial", ha apuntado Teijeido, para quien a una de las acusadas se le investigó por "simplemente ser la mujer de alguien".

Entre los investigados está un policía local de Plasencia por avisar supuestamente a los otros acusados de las actuaciones de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.