Un grupo de vecinos residentes en la calle Eduardo Naranjo, una vía próxima al polideportivo municipal y la estación de autobuses, ha denunciado públicamente una serie de amenazas y agresiones que muchos de estos vecinos están recibiendo por parte de un hombre de 46 años, natural de Almendralejo y que responde a las iniciales de J.V. Los vecinos decidieron romper su silencio a raíz de la última agresión ejecutada la pasada semana sobre un hombre mayor, al que propinó una brutal paliza provocándole un coágulo en la parte trasera de la cabeza y diversos politraumatismos.
Fue su hija, Débora Jiménez, quien denunció públicamente lo que estaba ocurriendo en el programa ‘A esta hora’ de Canal Extremadura TV, dentro de una concentración pacífica de vecinos para reivindicar soluciones a este problema de convivencia.
Nada más producirse esta agresión, Débora acudió con su padre a la Policía para solicitar una orden de alejamiento de 150 metros que el agresor, al día siguiente, violó para amenazarlo nuevamente en un bar.
Los vecinos viven angustiados porque las amenazas, insultos y agresiones se han multiplicado de manera indiscriminada «y le puede tocar a cualquier vecino», comentan algunos.
De hecho, otro vecino ha contado que su madre tuvo un episodio similar con el agresor, quien la agredió incluso con un bebé de un año en brazos, «pudiendo haber ocurrido algo peor».
Sentencia
Según ha podido saber este periódico, el individuo sufre brotes de esquizofrenia, aunque su grado de enfermedad no había permitido hasta el momento incapacitarle. Si se sabe que acumula decenas de denuncias por víctimas de sus brotes y los vecinos quieren acabar con «esta pesadilla».
Este periódico ha sabido que el presunto agresor cuenta con una sentencia firme para su inminente ingreso en prisión, pero la pandemia del covid-19 paralizó todo el proceso, tiempo en el que ha vuelto a reincidir con amenazas y agresiones.
El alcalde, José María Ramírez, conoce la situación y ha comentado que «sabemos que es un sinvivir para los vecinos» y estamos viendo el caso. Se ha incrementado la presencia de policía local y nacional en la zona, pero son las autoridades judiciales las que tienen que actuar de oficio para impedir que vuelvan a suceder episodios de este tipo. Los vecinos piden soluciones urgentes.
