Alrededor de 13,7 millones de ciudadanos de los 28 países miembros de la UE descargan televisión mediante el denominado protocolo de internet no autorizado (IPTV), lo que supone un movimiento anual de 941,7 millones de euros.
Así se pone de manifiesto en un informe sobre la IPTV ilegal encargado por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO, en sus siglas en inglés), con sede en Alicante, al Centro de Política y Gestión (CIPPM) de Propiedad Intelectual de la Universidad británica de Bournemouth.
El pago de los usuarios en esta descarga ilícita se efectúa a través de pagos únicos mediante la adquisición de descodificadores ilegales, o mediante abonos a largo plazo vendidos por minoristas no autorizados. En España, el acceso global a contenido pirateado disminuyó un 14,4% (siete décimas menos que la media comunitaria), mientras que el usuario medio español accedió a contenido pirateado en línea 8,7 veces al mes durante los nueve primeros meses de 2018.
