El Gobierno intentó transmitir ayer una imagen de tranquilidad y despreocupación ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional anule la ley que impone a las televisiones la obligación de invertir el 5% de sus ingresos en el cine. La ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, expresó su confianza en la "plena constitucionalidad" de una medida que acaba de ser enviada por el Tribunal Supremo al Constitucional, a instancias de la patronal de las teles privadas, la Uteca.
La ministra insistió en la necesidad de esperar al dictamen sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo, que ha aceptado los argumentos esgrimidos por Uteca en su recurso contencioso-administrativo y ha elevado una consulta al Constitucional para que decida. El Supremo asegura en su resolución que "la imposición por ley del destino obligatorio que han de dar a sus inversiones" vulnera el principio de libertad empresarial recogido en la Constitución.
PRECIPITACION
Quien aportó mayor munición argumental en defensa de la ley fue el presidente de la federación de productores audiovisuales (FAPAE), Pedro Pérez, quien proclamó que "no se puede pensar que en España se puede hacer cine sin las televisiones". Tras mostrarse "plenamente convencido de la constitucionalidad" de la ley, Pérez manifestó su "sorpresa" por el hecho de que algunos medios hayan presentado la noticia como si el Supremo hubiera decidido algo. "Ha elevado una consulta al Constitucional, lo mismo que ya hizo ante el Tribunal de Luxemburgo, que reafirmó la legalidad de la norma", recordó. Pérez apoyó al magistrado que votó en contra y condensó sus argumentos en tres ideas: las teles privadas disfrutan de una "concesión administrativa" que les permite "facturar publicidad" en exclusiva, no financian "a otras empresas", sino "una actividad" como la del cine, y "ganan también su dinerito" porque no dan "ayudas a fondo perdido". La Uteca anunció que recurrirá todas las normas de financiación del cine hasta que se pronuncie el Constitucional.
