Aproximadamente 1.450 extremeños tendrán que pagar el impuesto de patrimonio, en los términos que tiene previsto aprobar hoy el Gobierno central, según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Este colectivo profesional estima que la recaudación por el nuevo tributo en la comunidad extremeña, en caso de aplicarse sin bonificaciones, ascenderá a 5,7 millones de euros.
De los 1.450 extremeños que deberán declarar este impuesto, cerca de 600 poseen una fortuna de entre 700.000 y un millón de euros, mientras que otros 677 disponen de entre uno y 2,5 millones de euros; cerca de 125 cuentan con entre 2,5 y 5 millones de euros; unos 36 tienen entre 5 y 10 millones de euros; y 15 poseen un patrimonio superior a los 10 millones de euros.
El impuesto se mantendrá con la misma estructura que tenía por lo que las autonomías seguirán manteniendo la misma facultad para adaptar el tributo a su conveniencia. Los ingresos que se recauden en 2012 y 2013, con cargo a los ejercicios 2011 y 2012, servirán a las comunidades para llevar a cabo políticas sociales o para poder reducir su déficit, entre otras cosas, según ha confirmado el Gobierno. Esto deja en saco roto la propuesta del presidente extremeño, José Antonio Monago, de que la recudación de todo el Estado fuera a una caja común y que posteriormente el dinero se repartiera entre las regiones con criterios de solidaridad interterritorial, dando más a las autonomías pobres.
Según se deduce de las explicaciones dadas por el Gobierno estos 5,7 millones que recaudará el Estado en Extremadura se invertirán en la región y se sumarán a los 11 millones que ya recibe anualmente la comunidad extremeña en concepto de compensación tras la eliminación del anterior impuesto de patrimonio, en 2008.
OTRAS AUTONOMÍAS
Según las estimaciones realizadas por Gestha a partir de los datos del ejercicio 2007 --último en que estuvo vigente el impuesto de patrimonio--, cerca de una tercera parte de los 1.080 millones de euros que el Ejecutivo espera recaudar con esta medida corresponderían a Madrid (323 millones), cuya bonificación del 100% fue aprobada al comienzo de la legislatura. También Cataluña, con 271 millones de aportación, mostró en un principio ciertas reticencias a la aplicación de esta medida, postura que todavía mantienen la Comunidad Valenciana (109 millones) y varias otras comunidades sobre las que recae gran parte de la recaudación de este impuesto.
De no aplicarse un criterio uniforme en el ámbito nacional, Gestha alerta de que podría producirse una deslocalización de patrimonios, a través de la cual muchos poseedores de grandes fortunas podrían modificar su domicilio fiscal hacia las comunidades que eximan de su pago.
