Más de 11.000 extremeños han solicitado la valoración de su grado de dependencia, a la que ya se han sometido más de 2.500. Así lo anunció ayer la consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto en su comparecencia en la Asamblea, donde explicó cuáles serán las principales directrices de su departamento durante la presente legislatura.

En su exposición, Mejuto especificó que 8.000 de las 11.000 solicitudes recibidas ya se han incorporado a la base de datos de la consejería, habiendo sido valorados hasta el momento al menos 2.611 extremeños, según datos del propio organismo. De estos últimos, el 62% (unos 1.600) presenta el máximo nivel de dependencia o grado tres --se calcula que hay 6.700 personas en esta situación--, por lo que comenzarían a recibir las prestaciones este mismo año. De hecho, según destacó la consejera, 2.062 personas ya están disfrutando de los servicios residenciales públicos, concertados o en los centros de atención a la discapacitados psíquicos.

PRESTACIONES ECONOMICAS Sin embargo, ningún extremeño recibe por ahora las prestaciones económicas previstas en la Ley de Dependencia, que el Gobierno regional tiene intención de empezar a conceder a partir del mes próximo. Así lo confirma la jefa de servicio de Valoración y Atención a la Dependencia, Guadalupe Muñoz, que aclara que los trabajadores sociales de zona ya están elaborando los "programas individualizados" para atender a quienes ya tienen la consideración de grandes dependientes, con objeto de que cada puedan acceder a los recursos más adecuados y obtener las ayudas pertinentes.

No obstante, reconoce que en esta fase inicial se está produciendo una cierta saturación de los recursos, "porque empezamos de cero y estamos recibiendo muchas solicitudes el reconocimiento de las situaciones de dependencia". En todo este proceso, recuerda Muñoz, no hay plazos límites "ya que cada vez que aparezca un nuevo caso, este podrá acceder a las ayudas previstas por la ley y, para ello, necesitará ser evaluado" , especifica.

Que todos los que obtengan el reconocimiento de su dependencia y derecho a recibir estas prestaciones estén registrado en el Sistema de Atención a la Dependencia es, según la consejera, el "principal reto" al que se enfrenta en la legislatura. Un desafío en el que Mejuto implica también a los ayuntamientos, a los que ayer instó a ejercer "un papel fundamental" a través de sus servicios sociales de base.