Uno de cada cinco euros que entran en las arcas de los municipios extremeños proceden, de una u otra forma, del sector inmobiliario regional. La última liquidación de los presupuestos de las entidades locales hecha pública por el Ministerio de Economía y Hacienda, la del año 2004, vuelve a dejar a las claras que las ventas de suelo y los impuestos que gravan tanto la posesión como la construcción de viviendas constituyen un pilar básico dentro la financiación municipal española.

Y la administración local extremeña no es una excepción: conforme a los datos de Hacienda, los ayuntamientos de la región ingresaron en ese ejercicio más de 122,1 millones de euros gracias a estas partidas, que en únicamente tres años --los transcurridos desde el 2001-- aumentaron su aportación casi un 29%.

Es más, si del total de los ingresos de las entidades locales se descuenta la parte proveniente del erario estatal --en Extremadura, solo los dos capítulos referidos a transferencias del Estado concentran un 30% del total--, el peso de la vivienda sería mucho mayor. En esta línea, un reciente estudio de Morgan Stanley sobre la coyuntura del mercado inmobiliario español lo sitúa en alrededor de un 70%. "Las autoridades locales tienen la llave de la tierra edificable. Para ellos se trata de un proceso muy lucrativo, pero en su propio interés está gestionarlo de manera muy gradual y sostenible", afirma.

MALA OPINION Así las cosas, no es de extrañar que una encuesta sobre la gestión municipal realizada por la consultora Investiga --antes Intergallup-- sitúe la gestión del urbanismo y el suelo como la política municipal menos apreciada por los españoles: un 63,9% de ellos la considera mala o muy mala. En la zona centro del país, en la que queda comprendida la provincia de Cáceres, la valoración con la que se puntúa apenas sí alcanza el aprobado --obtiene un cinco--, mientras que en la zona sur, en la que se incluye a Badajoz, la nota es algo mayor, un 6,1.

Los impuestos concentran la porción más sustanciosa de la financiación ligada a la vivienda. Esto es algo que, de manera indirecta, convierte a las recalificaciones también en un instrumento recaudador: cambiando la naturaleza de un terreno es posible aumentar la carga impositiva sobre él. Encabeza el ránking , de lejos, el IBI. Los extremeños pagaron en el 2004 más de setenta millones de euros por el valor de sus bienes inmuebles, rústicos y urbanos (el 58,4% de lo que suman todas estas partidas en conjunto). Otro impuesto directo, el que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en el momento de su transmisión --plusvalía--, supone para los consistorios unos ingresos de unos siete millones y medio de euros.

Dentro de los impuestos indirectos aparece una tercera tasa relativa al negocio inmobiliario: el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que es necesario desembolsar cuando cualquiera de estas actividades requieren una licencia municipal. Este capítulo reporta en la región 18,1 millones de euros.

Las dos últimas partidas ligadas a la construcción y a la vivienda son las relativas a las enajenaciones de terrenos --que proporcionan 17,6 millones de euros al conjunto de ayuntamientos extremeños-- y las rentas producidas por bienes inmuebles, por los que perciben 7,2 millones de euros más.