España no cumplirá las exigencias marcadas por el Protocolo de Kioto en el próximo quinquenio de aplicación del acuerdo (2008-2012) y ese incumplimiento no le va a salir gratis.
Para esta fase, el pacto para controlar la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) obligaba al Estado español a no incrementar sus contaminación en más de un 15% respecto al año base 1990. Sin embargo, la previsión recogida en el Plan Nacional de Asignación presentado hace unos días supone un incremento del 37%, esto es, 22 puntos más de lo permitido.
Los planes del Ministerio de Medio Ambiente pasan por echar mano de los bosques y del denominado efecto sumidero para ajustarse más a lo comprometido. Sin embargo, este efecto de los árboles, absorbiendo parte de las emisiones contaminantes, sólo supondrá dos puntos de reducción, o lo que es lo mismo, algo menos de seis millones de toneladas por año.
Quedarían, por tanto, 20 puntos extra de emisión de GEI, que suponen casi 58 millones de toneladas por año de exceso de contaminación. Para cubrirlo, España acudirá a los denominados mecanismos de flexibilidad , es decir, a comprar humo en el comercio de derechos de emisión.
De este modo, el Estado tendrá que gastar durante el quinquenio de referencia entre 2.300 y 3.000 millones de euros en adquirir los 290 millones de toneladas que le hacen falta.
Entre cinco y siete euros
Las cuentas, confirmadas por la propia ministra Cristina Narbona, indican que los denominados sectores difusos (transporte y agricultura) tendrán que asumir alrededor del 55% del exceso de emisión, lo que significará hacerse cargo de 160 millones de toneladas de más, que podrían costar entre 800 y 1.100 millones de euros, ya que para estos sectores los derechos se cotizan a entre cinco y siete euros la tonelada.
El resto hasta 290 millones de toneladas de sobrecontaminación se aplicará a los sectores industriales y energéticos, donde el gasto en derechos de humo estará entre 1.400 y 1.950 millones de euros, ya que para estos sectores el coste de la tonelada se eleva y oscila entre los once y los quince euros.
Hasta el momento, el Estado ya tiene comprometida la compra de 60 millones de toneladas, que se aplicarán íntegramente a los sectores difusos .
La planificación para todo el quinquenio marca que en total se repartirán 723 millones de toneladas de derechos de emisión de manera gratuita. Además, se establece una reserva total de 40 millones de toneladas que se entregaría a los nuevos entrantes, es decir, a las industrias que se pongan en marcha durante el periodo de vigencia del Plan Nacional de Asignación.
