En julio de 2005, España se convirtió en el cuarto país del mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Le habían precedido los Países Bajos en 2001, Bélgica en 2003 y Canadá en 2005. Hoy asumido con naturalidad, en el momento fue un hito marcado por la polémica, con multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del matrimonio homosexual.
Con ocasión del 14º aniversario de su aprobación por las Cortes Generales, este periódico hace una radiografía del matrimonio igualitario en la región y habla con activistas y parejas homosexuales extremeñas que han podido formar un hogar gracias a esta norma.
La ley que permitía las bodas gais en España contó con 187 votos a favor, 147 en contra y cuatro abstenciones en el Congreso de los Diputados. Poco después, el Partido Popular la recurrió ante el Tribunal Constitucional, pero el recurso fue desestimado en 2012 por ocho votos a favor, tres en contra y una abstención.
En estos 14 años el número de enlaces entre personas del mismo sexo ha crecido exponencialmente en Extremadura: de los 11 celebrados en 2005, el año de aprobación de la ley, a los 56 sellados en 2017, último año del que el Instituto Nacional de Estadística tiene registro.
Este último año 2017 ha sido el año con el mayor número de bodas celebradas, seguido por 2012, cuando se celebraron 50.
También llama la atención que son más las bodas celebradas entre mujeres que entre hombres, al contrario de la tendencia nacional. Así, en Extremadura, al menos 213 parejas de lesbianas contrajeron nupcias -155 en Badajoz y 58 en Cáceres- frente a los 197 matrimonios entre parejas de varones -134 en Badajoz y 63 en Cáceres-.
En el conjunto de España, son 25.816 las parejas masculinas que han contraído matrimonio, en contraste con las 18.464 parejas de mujeres.
Volviendo a la región, por provincias, se han celebrado más enlaces homosexuales en la de Badajoz (289) que en la de Cáceres (121).
«Los cambios han sido espectaculares», afirma Silvia Tostado, presidenta de la Fundación Triángulo Extremadura. Tostado califica la Ley 13/2005 que reformaba el Código Civil como «motor de cambio social».
Para Tostado «las puertas de los armarios se abrieron de par en par». Tal y como explica, la ley hizo que «un tema que no estaba visibilizado, se pusiera sobre la mesa».
«Fue histórico, es algo que no nos imaginábamos nunca», asegura Tostado.
Hablan las parejas
Y ni en sueños se lo podrían haber imaginado Encarnita Granja y Paulina Blanco, enamoradas desde 1972.
Esta pareja se conoció en la localidad de Zorita, en una época en la que ni siquiera había modo de poner nombre a lo que nació entre ellas.
«Un fogonazo». Así lo denomina Paulina, natural de El Torno, en el Valle del Jerte, quien rememora cómo conoció a Encarnita al ser destinada como maestra a la localidad pacense.
«Yo iba todos los domingos a llamar a mi familia, porque en aquella época no todas las casas tenían teléfono, y Encarnita era telefonista», cuenta Paulina.
Además, se da la circunstancia de que vivían en la misma calle, «casi una en frente de la otra». Así nació una amistad que desembocaría en algo más: «Nosotras quedábamos con el mismo grupo de amigas, pero nos fuimos dando cuenta de que nos gustaba estar solas. El problema es que en aquella época no teníamos ningún referente, pero sí estaba ese fogonazo», rememora Paulina.
Con 23 y 21 años respectivamente vivieron su primer rechazo por parte de la jefa de Encarnita, quien habló con la familia de ésta al ver cómo Paulina la recogía todas las noches al volver de la escuela: «Nosotras sabíamos que lo nuestro no era una relación al uso, éramos una rareza», detalla.
Por ello, recuerda ese época como de «absoluta soledad. Siempre teníamos el temor a que nos descubrieran, mintiendo y viviendo a escondidas», lamenta.
Pero la historia tiene final feliz. Once años después, «tras muchos derroteros», ambas se mudaron a Barcelona, donde iniciaron una vida en común, aunque no sería hasta el anuncio de la ley cuando la pareja saldría definitivamente del armario.
«Las dos somos católicas y practicantes y formábamos parte de un grupo parroquial. La gente muchas veces nos preguntaba si éramos hermanas, nosotras pasábamos por primas. Hasta que cuando se anunció la ley, en 2004, en nuestro grupo de catequesis, el jesuíta, porque era una parroquia jesuíta, propuso un debate sobre el matrimonio homosexual. Entonces hicimos un trabajo y lo defendíamos en el grupo. Vino un sobrino del jesuíta que es parte de la federación de gais católicos de Cataluña y ese fue el empuje definitivo para nosotras», recuerda Paulina.
Así las cosas, Paulina y Encarnita contrajeron matrimonio nada más aprobarse la ley, en 2005. Y por supuesto, el religioso jesuíta acudió al enlace.
«Para nosotras ha sido un cambio muy grande. Hemos pasado de ser asociales, enfermas y pecadoras a tener nuestros derechos restituidos», afirma Paulina. Pero avisa: «La gente joven tiene que estar alerta. Los derechos nunca son para siempre si no se defienden».
La historia de esta veterana pareja contrasta totalmente con la de Álvaro Peraita y Javier Barroso, que contrajeron matrimonio hace apenas dos meses en Cáceres.
Para la pareja, que tiene ya una relación de más de ocho años juntos y una hija en común, su boda fue una manera de sellar y celebrar su amor: «A mí me apetecía tener una boda tradicional, hacer un día de celebración porque nos queremos, con nuestra familia y amigos», cuenta Peraita.
Él estaba en la universidad cuando se aprobó la ley del matrimonio homosexual: «Aunque hubiese movimientos en contra, viendo la evolución de la sociedad, yo tenía claro que se iba a aprobar sí o sí. Todos sabíamos que iba a salir adelante», rememora.
Peraita y su pareja han llevado siempre su relación con total normalidad: «Es verdad que cuando sales del armario, cuando eres visible, la gente se corta a la hora de hacer ciertos comentarios hirientes en mi presencia o la de mi gente», asegura Peraita.
Misma aceptación encontraron Bea Retamar y Teresa Santos, quienes tienen previsto casarse el próximo 24 de agosto en el Palacio de la Isla de Cáceres.
La pareja sella así siete años de relación que han vivido con «total normalidad, como cualquier pareja heterosexual».
Retamar recuerda que la aprobación del matrimonio homosexual fue un «logro conseguido por muchas personas que lucharon antes que nosotras».
«En ese momento yo no sabía si me iba a casar, pero fue darnos el derecho. Antes éramos personas de segunda clase», afirma.
Ahora, el matrimonio supone para ellas el asegurar una serie de derechos como pareja. En cuanto a formar una familia, aún no se plantean tener hijos: «Por el momento, estamos contentas de ser tías», ríe.
¿Derecho adquirido?
Pero estas dos parejas jóvenes no pierden de vista el auge de la extrema derecha y otros movimientos que podrían poner en peligro sus derechos.
«Hay un auge mundial de un movimiento anti-derechos. ¿Que se puede volver para atrás? Sí. Salimos hace poco de una dictadura. Por eso hay que luchar cada día», afirma Retamar.
«Este tipo de movimientos están surgiendo a nivel mundial. Yo intento no tener miedo. No sería tanto que desapareciera el matrimonio y perdiéramos ese vínculo legal si no el caso de mi hija, con la que no tenemos vínculo biológico -es adoptada-», cuenta Peraita.
«Por suerte no es la línea general, es un peligro que existe y que tenemos que luchar», añade.
Misma opinión se da desde la Fundación Triángulo: «¿Qué hay peligros? Claro que hay peligros. Diariamente nos lo dicen desde la extrema derecha. Los derechos igual se ganan que se pierden», dice Silvia Tostado, quien recuerda que los derechos para las personas LGTBI son «derechos humanos» y los derechos humanos «no son objeto de opinión».
A día de hoy, hasta 26 países reconocen el derecho al matrimonio para parejas homosexuales, mientras que otros 15 permiten las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
En la clasificación anual sobre derechos LGTBI publicada por ILGA-Europe, asociación internacional de referencia para el colectivo, España ha retrocedido en tan sólo ocho años del segundo puesto al 11º.
Aún así, el país se clasifica como el más tolerante en Europa en cuanto al matrimonio homosexual, sólo rechazado por un 7% de la población, según el Pew Research Center.
Deuda pendiente
Pero tal y como recuerdan Encarnita y Paulina, al país todavía le quedan algunas deudas pendientes que resolver con el colectivo. Por eso, ahora trabajan con la Fundació Enllaç, dedicada a proteger a mayores LGTBI contra la discriminación y la desprotección.
«Nuestra preocupación es qué nos vamos a encontrar mañana si entramos en un centro de mayores. Nuestra generación fue educada en la heteronormatividad y la homofobia», señala Paulina.
Le preocupa que en la actualidad falte ese empuje que hizo posible la aprobación del matrimonio igualitario en 2005.
Por eso, Paulina llama a poner «recursos económicos, recursos humanos y voluntad política» para garantizar la protección a día de hoy de aquellos que tuvieron que sufrir discriminación durante buena parte de sus vidas.
