El alto el fuego unilateral más largo de la historia de ETA comenzó el 16 de septiembre de 1998, siendo José María Aznar presidente del Gobierno, y duró 439 días, durante los cuales Aznar trasladó a más de un centenar de presos a cárceles vascas y cercanas al País Vasco y envió una delegación a negociar con los cabecillas de la banda terrorista un alto el fuego definitivo.
El comunicado con el que la banda ETA suspendió "indefinidamente" los atentados fue publicado en los diarios Deia y Euskadi Información, y decía: "Teniendo en cuenta las oportunidades que existen en la actual situación de Euskal Herria, y el deseo de encaminarse hacia la soberanía, Euskadi Ta Askatasuna manifiesta su intención de una suspensión ilimitada de sus acciones armadas, limitándose únicamente a sus tareas habituales de suministro, mantenimiento de las estructuras y a su derecho de defensa en enfrentamientos. Este alto el fuego general comenzará el 18 de septiembre de 1998".
La reivindicación soberanista era explícita en aquel comunicado de alto el fuego indefinido, que de inmediato fue rechazado por el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, quien acuñó el calificativo de "tregua trampa". En el comunicado de ayer de "alto el fuego permanente", ETA se ahorra el término "soberanía".
Entendimiento básico
El presidente Aznar realizó entonces una ronda de consultas con todos los líderes políticos y se reunió varias veces con el lendakari, Juan José Ibarretxe; todos coincidieron en que ETA debía abandonar las armas antes de sentarse a negociar y respaldaron la gestión del Ejecutivo en ese sentido. Entre el PP y el PSOE existía un entendimiento básico que había llevado a los socialistas a romper relaciones con el PNV y abandonar el Gobierno vasco por entender que los peneuvistas habían iniciado la fuga soberanista a través del Pacto de Lizarra, auténtica plataforma para aquella tregua.
Aznar también mantuvo un encuentro reservado con los dirigentes de Batasuna en el que éstos le dejaron claro que ETA era "un sujeto político" y la negociación debía realizarse con los jefes de la organización terrorista. El presidente asumió el reto y envió al secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos; al secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martín Fluxá; y a su asesor personal, Pedro Arriola, a entrevistarse con los dirigentes etarras Mikel Antza, Vicente Goikoetxea y Belén González Peñalva. El encuentro tuvo lugar en Zurich (Suiza) el 19 de mayo de 1999 y fue reconocido un mes después por Aznar en el Congreso.
Previamente, el obispo Juan María Uriarte había facilitado la comunicación entre el Gobierno popular y los dirigentes etarras, y el jefe del Ejecutivo acercó a los presos de Canarias y Baleares y prometió que los huidos que no tuvieran graves delitos no serían molestados.
Los enviados de Aznar sólo estaban facultados para dialogar sobre la situación de los presos a cambio de la entrega de las armas. La frase de "paz por presos" resumió aquella negociación, en la que, según fuentes próximas a los interlocutores, se contemplaban beneficios penitenciarios para unos 400 presos etarras. El acuerdo no fue posible, y el 26 de agosto ETA suspendió el diálogo. Pese a ello, Aznar apuró la oportunidad de paz y el 7 de septiembre acercó a 107 presos a cárceles próximas al País Vasco. Los negociadores de ETA, a excepción de Antza, fueron detenidos. En noviembre, la banda anuncia la vuelta a los atentados.
Las víctimas
Consecuencia directa de las posibilidades de paz fue la ley de solidaridad con las víctimas, por la que el Estado anticipó las indemnizaciones y rindió tributo y honores a las familias de los asesinados por ETA.
