De los aproximadamente 600 millones de euros que anualmente recibe Extremadura en concepto de ayudas a la renta de los agricultores, derivadas de la Política Agraria Común, un buen pellizco, unos 40 millones de euros entre el 2004 y el 2006, voló a sociedades radicadas fuera de la región y a familias de grandes empresarios que no residen en tierras extremeñas. Un sondeo realizado por EL PERIODICO pone en evidencia que al menos 75 empresas cuyo domicilio social no está en Extremadura figuran entre los principales perceptores de las ayudas. A estas firmas se suman familias con vínculos con la nobleza, como los Falcó Anchorena, o empresarios como los Güell Martos (relacionados con Cementos Asland) que también tienen su parte.

En la nómina de sociedades agraciadas con cientos de miles de euros de ayudas destinadas a Extremadura figuran algunas cuyo objeto social principal es la agricultura, la ganadería o la agroindustria, pero también hay constructoras, inmobiliarias, empresas de seguridad, firmas de informática, asesorías o sociedades de inversión.

La mayoría de ellas están radicadas en Madrid, y generalmente tienen sus oficinas en las zonas más exclusivas de la capital, en el barrio de Salamanca, aunque también las hay distribuidas por Toledo, Sevilla, Huelva, Salamanca, Córdoba, Avila, incluso una en Mallorca y otra en Zaragoza. En total, estas empresas han cobrado en los últimos tres años unos 40 millones, cantidad muy significativa de por sí, pero más si se tiene en cuenta que no está la nómina completa, sino sólo una muestra.

NOMBRES SONOROS El primer puesto de este ránking foráneo lo ocupan los Falcó Anchorena, que obtuvieron en Extremadura más de 1,5 millones de euros entre el 2004 y el 2006. Muy cerca se coloca Rusal SA, empresa que cobró 1,4 millones y que es 100% propiedad de Inversora y Comercial SA, ubicada en la madrileña calle de José Abascal, y que se decica a la compraventa de activos mobiliarios y la gestión de sociedades. Tirando de este hilo se termina dando con los nombres propios: los Mora-Figueroa Domecq, aristócratas dueños de un imperio empresarial --que incluye sociedades también radicadas en Madrid que cobran ayudas agrarias en Andalucía-- y accionistas de Coca Cola.

Después, con más de 1,2 millones de ayudas de la PAC cobrados está Nogon SA, una constructora sevillana.También sevillana es Tangerina SL, que se embolsó 1,1 millones y cuya dedicación principal es la maquinaria y el transporte.

Del mismo modo, Gabriel Rojas SL, que percibió 853.000 euros, está domiciliada en Sevilla, y su principal actividad la desarrolla como constructora, sobre todo en las zonas costeras de Málaga y Cádiz.

En el listado, en lo más alto están igualmente El Cahoso, con casi un millón de euros y domiciliada en Madrid, y Portusa, con más de 1,5 millones y domicilio en Toledo.

Asimismo, está la firma Extremeño Aragonesa Agrícola SA, que ronda el millón de euros y está domiciliada en Zaragoza, y, en Salamanca, la empresa Herirer, que cobró 1,3 millones.

EL TIRON DEL LADRILLO Aunque la mayor parte de sociedades foráneas que cobran ayudas en la región tienen como objeto social la agricultura y la ganadería, un puñado de ellas demuestra que el ladrillo también ha fijado sus ojos en esta forma de incrementar la cuenta de resultados.

A las ya reseñadas Nogon y Gabriel Rojas se unen, en Madrid firmas como Zosma (511.000 euros), Cogein (452.000 euros), Comunicación Natural Interactiva (366.000 euros) o Monte Carbajo (335.000 euros). Domiciliadas en Sevilla figuran las inmobiliarias Gestiones y Servicios Inmobiliarios (391.000 euros) y Agrupación Dicor (244.000 euros). Mientras, con sede social en Córdoba figura la inmobiliaria Hortrapac (285.000 euros) y, como caso curioso, nada menos que en Mallorca tiene su domicilio La Piedra Azul 99 SL, que cobró 395.000 euros.

No menos llamativo es el caso de Inversiones Sinfín, con domicilio en Madrid, dedicada a los servicios a empresas y gestión de valores, cuya filial Inversiones Sinfín Agrícola cobró 412.000 euros, mientras la matriz, Sinfín Holding cobraba 252.000 euros más. En la misma línea, Chemtrol Española SA, con sede en Madrid y cuya actividad principal es la instalación de sistemas contra incendios, obtuvo de ayudas en Extremadura 534.000 euros, mientras Codinem --madrileña igualmente-- propiedad de Alejandro Díez de la Cortina (socio de la cementera de Antequera) cobraba 530.000 euros, y Sistemas Expertos, empresa de informática, recibía 126.000.

Otros casos reseñables son los de Los Zamores (sede en Madrid) propiedad del expresidente de Iberdrola Iñigo de Oriol, que ha cobrado 447.000 euros, o, por no dejar la misma empresa, Carmonilla, igualmente madrileña y propiedad de Antonio María de Oriol, miembro del consejo de administración de la eléctrica, que obtuvo 265.000 euros.

Además, entre este grupo de perceptores foráneos está un puñado de empresas que se dedican a la ganadería de toros bravos, varias yeguadas y firmas de Toledo y Salamanca que poseen en Extremadura fincas de porcino cuya producción, igual que las ayudas, van fuera.