Esperas de más de un mes para ser atendidos por el médico especialista y de 60 días para entrar en quirófano; el colapso de determinados centros de salud y urgencias; dificultades para cubrir especialidades, bajas laborales y vacaciones; profesionales con cupos de 2.000 pacientes frente a otros que apenas poseen 300; ambulatorios donde no se hacen guardias y otros en los que se realizan media docena al mes; dificultades para lograr una segunda opinión médica o para elegir libremente al facultativo y un aumento continuo de las reclamaciones ante el Defensor del Usuario. Esos son grosso modo los problemas más visibles del sistema sanitario extremeño en un momento en el que determinados sectores plantean la necesidad de dar un giro radical al modelo público.
Bajo el título Impulsar un cambio posible , la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)--financiada por empresas como Iberdrola, Santander, Caja Madrid, Abengoa, Ferrovial o Repsol YPF-- acaba de publicar un informe con el que reclama una reforma del sistema español. Un paso que creen necesario para lograr una gestión más eficiente y evitar la "sangría" financiera que este servicio supone para las autonomías. Y no solo se trata de una reivindicación de determinados sectores ya acusados de defender intereses privatizadores. Como evidencia el último Barómetro del Ministerio de Sanidad, también la sociedad pide mejoras. El 40% de los extremeños opina que el modelo funciona bien pero necesita reformas; el 35% no está satisfecho y exige cambios fundamentales y otro 4% opina que es tan malo que habría que rehacerlo completamente. Es decir, el 80% de los usuarios quiere cambios.
De acuerdo con este Barómetro y con las quejas que llegan al Defensor del Usuario, los extremeños se quejan de aspectos como los tiempos de espera y la demora para pruebas diagnósticas, la excesiva burocratización, la escasez de recursos o la habitación compartida en los hospitales.
Pero las propuestas del informe Fedea son menos llanas. Tienen un tinte más económico. "El sistema va a enfrentarse a retos significativos en los próximos años, tanto financieros como de incremento de demanda (envejecimiento de la población) y escasez de recursos. Bajo el modelo actual el sistema va a ser insostenible", señalan los autores del estudio. Ellos calculan que en una década el 20% de los españoles (y los extremeños) tendrá más de 65 años, seis de cada 10 sufrirá una enfermedad crónica y los nuevos tratamientos y tecnologías provocarán una mayor demanda. A esto se suma los avisos de sindicatos y colegios sobre la falta de médicos y enfermeros de cara al futuro por la jubilación de muchos de los que están en activo. Para Fedea, el gasto sanitario de las administraciones se va a duplicar --el presupuesto de la Consejería de Sanidad para el 2010 es de 1.976 millones de euros, de ellos 1.600 corresponden al Servicio Extremeño de Salud--.
MEDIDAS En este escenario, esta fundación propone mayor inversión en prevención de enfermedades crónicas y sus causas; más educación sanitaria y concienciación, y reorganizar los servicios sanitarios. Pero además plantean medidas más concretas. Una de ellas es introducir el copago en Atención Primaria y Urgencias, es decir, que cada paciente pague una cantidad por cada consulta o prueba --en Francia, por ejemplo, es el 30% del coste de la visita--. De esta forma, señalan, puede aliviarse la carga de los centros de salud, ya que el ciudadano solo acudiría al médico en casos de verdadera necesidad.
También proponen introducir la variable renta en la financiación de los medicamentos: "¿Por qué un pensionista, independientemente de su renta, no paga nada de sus medicamentos y un parado sí?". El resto de medidas son mejorar la evaluación de inversiones en innovaciones tecnológicas y terapéuticas, dar más trasparencia a los resultados --con indicadores de calidad, satisfacción del paciente, eficiencia-- y reforzar el sistema de incentivos a centros y profesionales para que cumplan los objetivos.
Pero estas medidas han sido acogidas con acritud por organizaciones como la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Feadsp). "Tiene unos sesgos evidentes en cuanto a sus intereses económicos en el desarrollo del sector sanitario privado y su empresarización", sostienen, acusando a Fedea de tratar de desmantelar el sistema público.
Así, por ejemplo, Feadsp desacredita el copago: "tiene un efecto negativo sobre la salud, porque aumenta las desigualdades en el acceso al sistema sanitario de las personas más pobres y con mayores necesidades". Y sostiene que exigiría la puesta en marcha de un sistema de gestión muy costoso para la administración. Por contra, reconoce que una mayor transparencia y una mejor evaluación pueden suponer importantes mejoras.
Los expertos consultados a nivel regional (ver páginas siguientes) desconfían de algunas propuestas de Fedea, pero coinciden en la necesidad de adoptar ciertas mejoras.
