Se encuentran ante la Justicia por permitir la comisión de distintos delitos urbanísticos en sus respectivos municipios --contra la ordenación del territorio o contra el patrimonio artístico--. Lo hicieron posible en su condición de alcalde --unos siguen siéndolo y otros lo eran cuando se cometió la infracción que se investiga--, y por ello están imputados en distintos procesos, cuya situación actual se detalla.

CECLAVIN

El alcalde, Pedro Martín González Mirón (PSOE), ha declarado como imputado por un posible delito vinculado a la concesión de licencias contra la normativa urbanística y está a la espera de que el juez resuelva si la causa se archiva o se celebra el juicio, por lo que rechaza hacer declaraciones hasta conocer esa decisión, lo que espera que se produzca en pocos días.

Según la Fiscalía, se concedieron licencias para la construcción de viviendas, a pesar del criterio contrario de la técnico municipal, porque no se había urbanizado el suelo, ni se había garantizado la cesión de suelo a la que están obligados los promotores, con el consiguiente perjuicio patrimonial para el ayuntamiento, que dejaría de participar en las plusvalías generadas por la edificación. Las diligencias previas están abiertas en el Juzgado de Instrucción 2 de Cáceres.

CORIA

El exalcalde, Joaquín Hurtado (CEOEC) --grupo político independiente Centro Obrero Empresarial Cauriense-- aún no ha declarado como imputado por conocer la ilegalidad de unas obras y consentirlas (modelo omisivo del artículo 320 del Código Penal), pues habría permitido la construcción en una zona inundable del río Alagón aun conociendo la ilegalidad de dicha práctica. Las.diligencias previas están abiertas en el Juzgado de Instrucción 1 de Coria.

GUIJO DE SANTA BARBARA

El exalcalde de esta localidad, José Mariano Pizarro Sánchez (IU), ha declarado como imputado por un posible delito vinculado a la concesión de licencias contra la normativa urbanística, pero prefiere no hacer declaraciones.

TALAYUELA

El alcalde, Raúl Miranda Manzano (PP), ha declarado como imputado por un posible delito vinculado a la concesión de licencias contra la normativa urbanística. El edil reconoce haber declarado en una causa relacionada con la normativa urbanística, pero asegura no tener conocimiento de hacerlo como imputado. Según la Fiscalía, se concedió la licencia para las construcciones necesarias para la instalación de placas fotovoltaicas en suelo de protección especial, cuando tales construcciones no están autorizadas por las normas urbanísticas, sin que en esta ocasión se pudiera advertir esta circunstancia por el técnico municipal, puesto que parece ser que se prescindió de darle traslado para informar sobre la licencia. Las diligencias previas están abiertas en el Juzgado de Instrucción 2 de Navalmoral de la Mata.

CASAS DEL CASTAÑAR

Para el exalcalde de este municipio, Pedro Vega García (PSOE), ha extinguido cualquier eventual responsabilidad penal por su fallecimiento, ocurrido antes de ser llamado a declarar por un presunto delito urbanístico, aunque después se solicitara su declaración por el Ministerio Fiscal. El actual equipo de gobierno no está imputado, aunque la causa continúa abierta por las promociones y construcciones de unas viviendas irregulares. Las diligencias previas están abiertas en el Juzgado 4 de Plasencia.

BROZAS

El alcalde de la localidad, José Félix Olivenza (PSOE), está imputado por haber autorizado la demolición de parte de una edificación que está en trámite de ser catalogada como bien cultural, lo que requiere pedir autorización a Patrimonio, "diligencias éstas que aún están en estudio". Según el alcalde, se trata de una edificación que contaba con un informe pericial que autorizaba su derribo por estar en situación de ruinas y establecía que debía construirse un inmueble con características similares a la derribada.

El propio Olivenza detalla que acudió al juzgado para declarar sobre esta causa, pero que dicho trámite tuvo que ser aplazado y aún no ha vuelto a tener noticias sobre el mismo, así como que la denuncia se ha ampliado a toda la Junta de Gobierno Local. Las diligencias previas están abiertas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Cáceres.