Es un campo común entre expertos de toda índole: el proceso de descentralización administrativa en España ha contribuido a crear unos servicios sociales básicos de mayor calidad y más próximos y adaptados a las necesidades reales de los ciudadanos. Sin embargo, la difícil coyuntura económica por la que atraviesa el país ha dado lugar a corrientes críticas que plantean cuestiones como: ¿ha ido demasiado lejos el sistema autonómico? ¿Está generando gastos innecesarios? ¿Sería conveniente revisar el modelo para conseguir que el funcionamiento de las administraciones públicas sea más eficiente?
Uno de los últimos en pronunciarse en este sentido ha sido el presidente de la Junta de Extremadura. Guillermo Fernández Vara ve necesario replantear el desarrollo administrativo autonómico para evitar que muchos gastos "sigan multiplicándose por 17". En su opinión, España ha creado un Estado de las Autonomías que ha supuesto un "gran cambio" a mejor, pero ha ido "demasiado lejos", porque "no lo podemos pagar sin que eso nos haga incurrir en una deuda que hipoteca el desarrollo futuro".
Sus reflexiones parece que también se comparten en otros ámbitos de la Administración. De hecho, algunas de las últimas medidas anticrisis del Gobierno están dirigidas a frenar el gasto público, y no solo mediante la congelación de las pensiones no contributivas y la rebaja salarial a funcionarios y cargos públicos. En esta línea van las restricciones de endeudamiento impuestas a los ayuntamientos para el año 2011 o las limitaciones del déficit marcadas a las comunidades autónomas (el déficit de éstas no podrá superar el 2,4% de PIB este año y el 1,3% en 2011 y 2012).
En Extremadura, Fernández Vara ha anunciado, entre otras medidas, un nuevo recorte del presupuesto autonómico para el próximo ejercicio, una reducción de personal liberado, la derogación de los complementos salariales a los cargos públicos o la creación de una oficina de optimización del gasto.
Pero las ideas del presidente extremeño no son nuevas. Expertos e instituciones han planteado esta cuestión con anterioridad. En este sentido, uno de los trabajos más ambiciosos, y que tal vez más lejos ha llegado, ha sido el estudio que la Fundación Progreso y Democracia, del partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) de Rosa Díez, presentó en el mes de abril. Según este informe, las comunidades autónomas podrían ahorrar hasta 26.000 millones de euros corrigiendo gastos originados por duplicidad de instituciones y organismos --agencias, institutos, observatorios--, publicidad, radios y televisiones autonómicas o con ajustes en el capítulo de personal.
GASTOS EVITABLES Los autores de este trabajo son el abogado Ramón Marcos y el economista Jaime de Piniés. Al margen de sus consideraciones más ideológicas, ambos piensan que existe una serie de gastos evitables en los gobiernos y parlamentos autonómicos. Así, critican que prácticamente todas las regiones han creado figuras propias como el defensor del pueblo, los tribunales de cuentas, los defensores del menor, los consejos consultivos, los institutos de consumo, los consejos económicos y sociales o las agencias de protección de datos "como reflejo amplificado de la estructura del Estado y sin que haya habido un estudio que justifique su necesidad ni su relación con órganos similares ya existentes a nivel nacional". Otro ejemplo es la Sanidad, donde cada territorio ha desarrollado su propio sistema (con disfunciones como la de los calendarios de vacunación), cuando "sería más eficiente" una política coordinada: "la contratación centralizada permitiría lograr mejores precios, mientras que la contratación parcializada reduce la capacidad de negociación".
Otros gastos prescindibles para Marcos y De Piniés son la existencia de varios canales autonómicos en una misma región (según un informe de la consultora Deloitte, las televisiones públicas perdieron 1.600 millones de euros durante el 2008), la proliferación de universidades públicas (hay 50, más 24 privadas), la propagación sin freno de organismos público-privados (por ejemplo, sociedades de alquiler, sociedades de fomento, agencias de evaluación, de cooperación, observatorios, oficinas comerciales) y de empresas públicas o el "excesivo recurso a la externalización y subcontratación de servicios públicos".
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